El Colegio de Abogados de Rosario le propuso a la Fiscalía de San Lorenzo encarar medidas para determinar si hay complicidad entre policías y letrados para usufructuar casos de accidentes de tránsito.
Autoridades del Colegio de Abogados de Rosario y de la asociación que nuclea a estos profesionales en San Lorenzo hicieron una presentación ante los Tribunales de esta ciudad para sugerir a la Fiscalía una serie de medidas investigativas en relación a una denuncia realizada por María Fernanda Perassi –hermana de la joven sanlorencina desaparecida hace más de un año–, por «derivación ilegítima de trabajo profesional», el fenómeno vulgarmente identificado como «caranchismo».
La mujer de 34 años tuvo un accidente en enero pasado, cuando circulaba en su motocicleta por las calles de San Lorenzo. Casi inmovilizada, fue a la comisaría local donde el sumariante impuso que sólo ella ingresara al despacho a declarar.
Cuando salió, la joven contó a su padre, Alberto Perassi, que en el lugar insistentemente le indicaron que contratara a un abogado y le dieron el nombre de uno en reiteradas ocasiones.
El hecho fue denunciado en principio públicamente por Alberto –conocido por su tenaz lucha por el esclarecimiento del supuesto crimen de su hija Paula– y luego se formalizó ante el Juzgado Correccional de San Lorenzo a cargo de Juan José Tutau.
Asimismo, el Colegio de Abogados de Rosario elevó la denuncia a su propio tribunal de ética y también se dio intervención a Asuntos Internos de la policía sanlorencina para que investigue dentro de la propia fuerza.
La presentación, realizada este lunes, ante el fiscal Román Moscetta propone una serie de medidas de investigación, «a fin de determinar si la derivación denunciada es un hecho aislado o si tiene una mecánica organizada», según señaló a la prensa la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Rosario, Rita Porteiro.
El colegio sugirió que «se solicite a la Justicia Correccional un informe sobre todas las causas de lesiones y muertes en accidentes de tránsito iniciadas durante 2011 a 2013», incluyendo nombres, fechas, vehículos involucrados y funcionarios intervinientes.
También se propone pedir a la UR XVII que informe cuáles eran en su oportunidad y actualmente los teléfonos fijos y celulares receptores de denuncias.
Además, sugieren solicitar a las empresas telefónicas el detalle de llamadas entrantes y salientes en ese lapso y que se identifique a las aseguradoras y a los vehículos que han intervenido en los siniestros.
Por último, el colegio pide que se cite a las víctimas de los accidentes y se les pregunte si recibieron recomendaciones o presiones de personal policial, para direccionar su reclamo mediante algún estudio jurídico en particular.
Fuente: La Capital
