El bloque del Partido del Progreso Social (PPS) presentó un proyecto de ordenanza para crear un Código y Tribunal de Ética Municipal. “Es un instrumento participativo de prevención y lucha contra la corrupción”, explicó el concejal Héctor Cavallero.
En una conferencia de prensa realizada en la Sala de los Acuerdos del Palacio Vasallo, el presidente del bloque PPS Héctor Cavallero, junto a la edila María Fernanda Gigliani hicieron hincapié en que la propuesta legislativa es “un instrumento participativo de prevención y lucha contra la corrupción que ha recibido reconocimientos, ya que tiene como objetivo principal el de lograr mayor transparencia en las actividades de los funcionarios públicos”.
El proyecto propone crear un código y un tribunal de ética que comprenderá, en forma jerárquica, desde la intendenta hasta las categorías de director, subdirector y coordinador, así como a los concejales.
Según explicaron los ediles, similares propuestas funcionan en otros lugares del mundo, fundamentalmente en países anglosajones como mecanismo en el que se piensa en los demás, previniendo la corrupción. “Si la misma se produce, la cumplimentación de la norma representa una nueva instancia para lograr su condena. También podrá ser usado el Tribunal como espacio de consulta por los funcionarios para saber qué pueden hacer o no ante una cuestión determinada que implique una decisión ética”, indicaron.
“Los ciudadanos podrán realizar las denuncias que consideren pertinentes”, recalcó Cavallero, quien completó ese tramo de su exposición señalando que “tras la recepción de las mismas el Tribunal tendrá la función de iniciar y proseguir de oficio cualquier investigación conducente al logro del esclarecimiento de actos, hechos u omisiones de la administración pública o de sus funcionarios que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, abusivo, arbitrario, discriminatorio o negligente que afecten los intereses difusos o colectivos de la ciudadanía”.
Dentro de los 14 días de presentada una denuncia, el Tribunal deberá notificar por escrito a la persona que realizó la denuncia, la resolución ya sea de acción o no, que haya tomado o planificado tomar respecto de la denuncia, junto con las razones que lo fundamentan. De no asumir ninguna decisión, el demandante será notificado de las razones en virtud de las demoras.
La persona denunciada será notificada de la denuncia. Se le brindará un resumen de la evidencia e informará de su derecho a presentarse de manera personal o mediante un abogado para cualquier procedimiento que inicie el Tribunal.
En caso de conflicto en la interpretación del Código, se aplicará subsidiariamente la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública de Santa Fe.
El Tribunal también estará habilitado para solicitar expedientes administrativos, informes, documentos y antecedentes, realizar inspecciones verificaciones y determinar la producción de medidas probatorias, emitir opiniones de carácter consultivo y publicar reglamentaciones, preparar y publicar manuales e instructivos para la cumplimentación de la ordenanza.
La ordenanza
La ordenanza que se busca aprobar cuenta con 15 capítulos y 47 artículos, en los que se establecen criterios y pautas básicas a respetar por funcionarios públicos y aquel que lo haya sido hasta 6 meses después de haber dejado su función.
Cavallero señaló que “se busca crear un tribunal encargado de controlar el cumplimiento de la norma y la conducta ética del funcionario”.
En el documento presentado para ser debatido en el Concejo se contemplan definiciones, regímenes de declaraciones juradas y la entrega de obsequios, entre otras cuestiones, a lo que se suma la conformación del Tribunal de Ética y como el mismo llevará adelante sus investigaciones, reuniones y los mecanismos de elección de los cargos y tiempo de duración en el mismo.
El titular del bloque del PPS, al resumir objetivos indicó que “el Código indica que no puede hacer un funcionario público en funciones. No podrá, por ejemplo, utilizar su oficina con fines privados, utilizar vehículos con fines privados y otra serie de cuestiones que se realizan y que hasta hoy no tienen sanción”.
“El Tribunal tendrá 6 miembros, uno elegido por concurso de oposición y antecedentes y los restantes serán representantes del Concejo, del Ejecutivo, del Colegio de Magistrados de la 2da. Circunscripción, uno de los abogados y el restante de la comunidad. Sólo cobrará sueldo el presidente y es el que puede actuar antes denuncias concretas o de oficio para investigar o sancionar si corresponde. Entre las sanciones máximas está la inhabilitación para tener un cargo público en el futuro”, puntualizó Cavallero.
“Nosotros planteamos la disolución de la Dirección de Investigaciones Administrativas que al principio dio resultados y que luego se diluyó en sus efectos. La nueva norma que proponemos la reemplazaría y lo haría de forma totalmente independiente del Ejecutivo para que tome decisiones en función de lo que considere justo. Luego la persona sancionada, si entiende que lo ha sido injustamente, tendrá derecho de ir a la justicia con un abogado”, apuntó el edil del PPS, quien agregó que “el nuevo organismo podrá ser usado como consulta por los funcionarios antes de tomar una determinación que implica a bienes públicos. Esto facilitará la transparencia en la función pública y servirá como mecanismo preventivo en el ejercicio de la gestión”.
En el ítem de las declaraciones juradas, se obliga a todos los funcionarios públicos a hacer una declaración jurada luego de dejar el cargo municipal que ocupó. De aprobarse la norma los funcionarios tendrán la obligación de denunciar casos de corrupción.
Cavalllero entiende que “será muy difícil a los concejales de otros bloques no votar el proyecto que hoy ingresamos. Entiendo que esto le rompe la tranquilidad a muchos porque los funcionarios que mandan al chófer de la municipalidad a buscar a la escuela a sus hijos ya no podrán hacerlo como ejemplo mínimo de corruptela que hay que terminar”.
