El diputado provincial, Héctor Acuña, presentó este martes un pedido de informes sobre el Ente Administrador del Puerto Santa Fe, cuyo titular, Marcelo Vorobiof, es investigado por la Justicia por “Peculado y/o Negociaciones Incompatibles con la Función Pública”.
Además, Acuña propuso la constitución de una Ente de Investigación en el ámbito de la Cámara de Diputados. Paralelamente, en la jornada de este martes, voceros tribunalicios informaron que el juez de Instrucción en lo Penal de la Primera Nominación, Jorge Pegassano, dejó abierta la investigación penal contra Vorobiof, al rechazar el planteo de invalidez presentado por su defensa.
De esta forma, por pedido del fiscal Jorge Andrés, Vorobiof continuará siendo investigado por los presuntos delitos de «peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación por administración infiel agravada a la administración pública», entre otros.
El diputado Acuña dijo mirar «con profunda preocupación la forma en que Marcelo Vorobiof, representante del gobierno nombrado por decreto 0309/11, administra la cosa pública».
«Resulta vergonzoso que el gobernador (Antonio Bonfatti) se haga el distraído cuando sabe perfectamente lo que pasa y pasó, ya que el mismo gobierno realizó dos auditorías a través de la Sindicatura General de la Provincia», planteo Acuña.
El legislador dijo que prefirió presentar un pedido de informes y no solicitar un tratamiento del tema sobre tablas en el recinto «para no esmerilar el proceso licitatorio» del traslado del puerto, ya que «hay que separar las irregularidades que puedan existir y la mirada de la Justicia sobre el accionar de un funcionario, de la importancia que tiene ese proceso».
Tal cual publicó informó este medio (ver El Puerto del Silencio), el juez de Instrucción Primera de la ciudad de Santa Fe, Jorge Pegassano, investiga a Vorobiof –quien además de ser el ex titular de la Daia local, es miembro del Consejo Asesor de la UNL–, por los delitos de “Peculado y/o Negociaciones Incompatibles con la Función Pública y/o Abuso de Autoridad y/o Incumplimientos de los Deberes de Funcionario Público y/o Falsedad de Documento Público y/o Uso de Documento Falso y/o Defraudación por administración infiel agravada a la Administración Pública”, según consigna el expediente en el que el funcionario designado por Hermes Binner en 2006 –y que también integró el gobierno de Carlos Reutemann–, se encuentra imputado junto a una larga lista que incluye a su yerno.
