Faeni, federación que nuclea a estacioneros de Santa Fe, rechazó el proyecto de la provincia que busca gravar las naftas con una tasa vial de 32 centavos por litro destinada a incrementar recursos para mejoramiento de rutas. “Esto generará una baja en las ventas de combustibles y una retracción del mercado”, advirtieron desde la entidad.
El gobierno de Antonio Bonfatti ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que busca crear una tasa vial con el fin de aumentar los recursos de Vialidad Provincial para reconstruir, mejorar o conservar las rutas provinciales. La tasa en cuestión representaría 32 centavos más por litro de nafta, gas oil y por metro cúbico en el caso del GNC a la hora de ir a cargar al surtidor. Según explicaron desde la provincia, sólo quedarían exceptuadas del tributo las empresas de transporte de pasajeros con actividad en territorio santafesino.
“Esperamos estudiar el proyecto a fondo, pero desde ya nos oponemos abiertamente”, dijo Marcelo Rovasio, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Naftas del Interior (Faeni). “Primero, porque sabemos el daño que causó en la provincia de Córdoba cuando se instaló una tasa vial, y en encima en otro escenario económico. El proyecto del gobierno de Santa Fe va a contramano del gobierno nacional, que viene pactando con las petroleras un aumento cuidado de los combustibles en el mercado interno para morigerar el impacto en los consumidores finales, y ahora la provincia impulsa una suba de 32 centavos por litro, es una barbaridad”, sostuvo tajante.
“Los consumidores finales de combustible se van a preguntar por qué tienen que mantener este fondo especial, con todos los impuestos que ya se pagan en la provincia. Se pueden preguntar qué pasa con la administración de los fondos que ya recauda la provincia que no alcanzan para mantener las rutas. Si la provincia no gestiona bien y no consigue subsidios para los peajes provinciales no es nuestra culpa, la de los estacioneros, ni la de los consumidores”, señaló Rovasio en declaraciones a Redacción Rosario.
Para el presidente de Faeni, de prosperar esta iniciativa generará “un perjuicio y un enfriamiento de la economía santafesina, una retracción en el mercado”. Y agregó: “Esperemos que prime el sentido común y que esto no prospere. Cuando se aplicó esta tasa vial en la provincia de Córdoba provocó una retracción en el mercado por una notable baja en las ventas en las estaciones de servicio”.
Según Rovasio, crear un impuesto “para recaudar, en este caso una tasa vial, puede ser un arma de doble filo”. En este sentido, recordó: “Cuando se aplicó en Córdoba, el transporte de carga de esa provincia empezó a organizar la carga y lo hacía en Santa Fe para no pagar el impuesto en Córdoba. Ahora puede darse la misma situación. Es decir, el transporte de carga elegirá otra provincia para cargar combustible y eso repercutirá en una baja en la recaudación tributaria por menos venta de combustibles”.
“No nos olvidemos que Córdoba tuvo que renunciar al pacto federal fiscal con el gobierno nacional para poder aplicar la tasa vial. Es decir que el tema también tiene un costado jurídico. El combustible ya incluye impuestos nacionales, y Santa Fe debería renunciar al pacto fiscal, relacionado con la presión impositiva, si quiere aplicar la tasa vial”, indicó el titular de Faeni, al tiempo que adelantó que mantendrán reuniones con legisladores para sentar posición de rechazo a la propuesta que ingresó por la Cámara de Senadores.
Por otro lado, el presidente de la Federación Argentina de Transporte de Cargas (Fatac), Vicente Bouvier, calificó de “voracidad fiscal” el proyecto del gobierno provincial de gravar las naftas con una tasa vial con el objetivo, según planteó la provincia, de reforzar los recursos del Fondo Provincial de Vialidad.
“La voracidad fiscal, tributaria, desecha al que produce, al que trabaja. Es un embate cotidiano, una propuesta más del gobierno provincial para ver de qué forma se puede recaudar más a todos los órdenes de la actividad económica”, dijo Bouvier en declaraciones a LT8, y no descartó medidas de fuerza para resistir la posible aplicación del impuesto a los combustibles.
