Organismos de derechos humanos y el colectivo Justicia Legítima repudiaron las amenazas contra fiscales y jurados del jury contra Campagnoli. «¿Ese renacuajo no tiene miedo que le peguen un tiro?”, le dijeron por teléfono a la esposa de Adolfo Villate.
El colectivo Justicia Legítima repudió las presiones y amenazas sufridas por los funcionarios judiciales a cargo del juicio político contra el fiscal destituido José María Campagnoli. Hace unos días, el fiscal general del jury, Adolfo Villate, sostuvo que el problema de salud de la jueza María Cristina Martínez Córdoba fue motivado por las “presiones” que recibe de los medios. Unos días después recibió un llamado en su casa. Atendió su mujer: “¿En dónde está ese hijo de puta que quiere juzgar a un juez (sic) como Campagnoli? ¿Ese renacuajo no tiene miedo que le peguen un tiro?”. En el mismo sentido se expresó el Encuentro Regional por Memoria y Justicia de derechos humanos de Pergamino, San Pedro, San Nicolás y Rosario.
“Justicia Legítima se agravia de las presiones y amenazas que sufren los fiscales y el jurado del jury de Campagnoli. Es un problema de gravedad institucional y profundamente antidemocrático”, publicó en Facebook la asociación que nuclea a funcionarios judiciales y académicos.
Villate vinculó la amenaza de muerte que recibió con la denuncia por presiones de algunos medios. En declaraciones a Infojus Noticias, el fiscal amenazado mencionó las recientes columnas de Jorge Lanata, uno de los testigos que declaró en el jury a Campagnoli. En el transcurso de esa audiencia el periodista se peleó con el fiscal y con el presidente del Tribunal. Después, siguió hablando de estos hechos a través de los medios. “En algunos informes se está invitando a la gente a que agreda, a que envíe tuits”,dijo Villate
Las amenazas están siendo investigadas por el fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N°3 de Rosario, Mario Gambacorta, quien pidió al titular del Juzgado Federal N°3, Carlos Vera Barros, que solicite a la empresa de telefonía el listado de llamadas entrantes y salientes de la línea de teléfono del domicilio de Villate y la titularidad de los abonados que realizaron dichas llamadas, para identificar al autor del delito de amenazas coactivas. El apartado a del inciso dos del artículo 149 del Código Penal establece penas de cinco a diez años de prisión o reclusión «si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos».
El Encuentro Regional por Memoria y Justicia que reúne organizaciones de derechos humanos de Pergamino, San Pedro, San Nicolás y Rosario también expresó su repudio por las amenazas recibidas en Rosario a la familia del Fiscal Federal Adolfo Villatte.
“Ya sea alguien inducido por la cadena nacional del desánimo y por los profetas del odio que buscan obstaculizar los procesos de justicia. O tal vez, algún personero de la corporación judicial que se siente acorralado por el avance –dificultoso, pero constante- de una justicia legítima que la sociedad democrática reclama. En cualquier caso, no merece otra cosa que nuestro total repudio”, dijeron los organismos de derechos humanos en un texto difundido este viernes.
“Conocemos y damos fe del compromiso con la Verdad y la Justicia del Fiscal Villatte, ya que está al frente del Equipo de la Fiscalía que nos representa ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, en el Juicio Oral por la “MegaCausa Saint Amant II” que se sustancia en la localidad de San Nicolás desde abril del año en curso. Todo nuestro reconocimiento y solidaridad para con su familia”, agregó el comunicado.
El lunes, los alegatos
El lunes 30 de junio a las 10 de la mañana está convocada la audiencia en la que se leerán los testimonios solicitados por escrito por la defensa de José María Campagnoli: los del fiscal federal Guillermo Marijuan, y las juezas María Gabriela Lanz y Wilma López. Después será el turno de los alegatos, tanto de la parte acusadora como de la defensa. El camino hacia la sentencia está regado de rumores. Uno de los interrogantes es qué pasará con la representante de la Defensoría General de la Nación en el Tribunal de Enjuiciamiento, María Cristina Martínez Córdoba, quien pidió licencia médica hasta el 30 de junio.
Fuente: Infojus Noticias
