La Justicia confirmó la excarcelación de Carina Leguizamón, la mujer del presunto narco Ascaíni. Una jueza consideró que el encarcelamiento de los padres agravó problemas de adaptación escolar de sus tres hijos. Para otro, la presencia de la madre en el hogar entraña “peligro moral”.
La exarcelación de Carina Verónica Leguizamón, esposa del presunto narco de Villa Cañás Carlos Andrés Ascaíni, quien fue detenida el año pasado con casi 2,5 kilos de cocaína en su domicilio, dividió las aguas de los integrantes de la sala B de la Cámara Federal rosarina, que finalmente le otorgó la libertad a la mujer. Mientras la camarista Élida Vidal puso en consideración –entre otros argumentos- que los tres hijos del matrimonio Ascaíni-Leguizamón habían quedado al cuidado de una tía y una abuela y evidenciaban “problemas de conducta y adaptación” en la escuela, el magistrado Edgardo Bello interpretó que la presencia de la madre en el hogar “genera peligro moral para el adecuado desarrollo de sus hijos”.
Para resolver el incidente de excarcelación, los jueces también evaluaron los presuntos contactos policiales de Ascaíni –procesado en la misma causa que el ex jefe de Policía Hugo Tognoli-, el crecimiento patrimonial que les permitiría a los consortes fugarse mientras tramita el caso y una amenaza anónima que recibió el comisario Alejandro Druetta, jefe de la departamental Venado Tuerto de la ex Drogas Peligrosas, quien encarceló a Ascaíni y a Leguizamón.
En ese texto, que no se había hecho público hasta ahora, aparece una amenaza de muerte contra el jefe policial presuntamente ordenada por Ascaíni (el anónimo lo señala como “El Gordo”), y refiere que es consecuencia de haberse metido con su mujer.
La caída
El 6 de abril del año pasado la policía santafesina realizó un megaopertivo en varias localidades del sur de la provincia: Villa Cañás, Firmat, Venado Tuerto. En el poco original procedimiento, denominado “Azúcar Blanca”, fue detenida una decena de personas y se secuestró cocaína, marihuana y LSD (ácido lisérgico).
Uno de los domicilios allanados fue una vivienda ubicada en la calle Nº 66 de Villa Cañás, donde moran los Ascaíni. En rigor, allí estaba la esposa del Vasco, Leguizamón, puesto que Carlos Andrés había caído en desgracia unos meses antes, acusado de narcotráfico.
Según la investigación, los policías encontraron en el lugar “tres envoltorios de los denominados ladrillos con un peso total de 2.428 gramos de cocaína, como así también la suma de $ 25.081 en dinero efectivo y cheques por un valor de $ 25.940, lo que revela una importante capacidad económica por parte de la nombrada”, señala la causa.
Como consecuencia del operativo fue detenida una decena de personas, y logró escapar el presunto jefe de la banda narco que operaba en el sur santafesino, Aldo César Totola Orozco, apresado un tiempo después y también procesado por narcotráfico.
El juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó a Leguizamón y a varios de los detenidos por tenencia y comercialización de estupefacientes, delito agravado por la participación de dos o más personas. Además, le dictó prisión preventiva, que fue confirmada por la Cámara Federal.
Sin embargo, el noviembre del año pasado el juez decidió, ante un nuevo planteo de excarcelación, dejar en libertad a la mujer del Vasco. La resolución fue apelada por el fiscal del caso, Mario Gambacorta, y llegó a la Cámara, que en un fallo dividido confirmó la decisión de Bailaque.
Peligrosidad procesal
Leguizamón pagó los 15 mil pesos de caución impuestos por el juez y se comprometió a comparecer una vez al mes en la comisaría de su localidad, como muestra de que no se fugará. Además, tiene prohibida la salida del país. El 14 de noviembre de 2013 marchó a su casa.
En su revisión de la resolución de Bailaque, apelada por el fiscal Gambacorta, la camarista Élida Vidal recordó “la vinculación directa o inmediata existente entre Leguizamón y Aldo César Orozco como presunto líder de la organización delictiva investigada, la que continuó inclusive luego de la detención de su esposo, Carlos Andrés Ascaíni, lo que se ve reflejado en la existencia de mensajes de texto entre los involucrados”.
Puntualizó que la mujer “formaría parte de una organización con presencia efectiva en las ciudades de Firmat y Venado Tuerto, como así también presumiblemente en varias localidades del sur provincial”.
La magistrada ponderó también que teniendo en cuenta que el delito imputado a Leguizamón tiene, en caso de ser condenada, una pena máxima mayor a los ocho años cuyo cumplimiento no puede ser condicional, “la excarcelación solicitada no resultaría en principio procedente”.
Sin embargo, por un plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal –conocido como Díaz Bessone- los magistrados también deben evaluar, a la hora de decidir la excarcelación de un procesado, su peligrosidad procesal. Esto es, si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
Allí aparecen en escena los tres hijos del matrimonio cuyos padres estaban encarcelados por presunto tráfico de drogas.
La jueza Vidal, que votó a favor de la libertad de la mujer del Vasco, ponderó que según el Registro Nacional de Reincidencia “la misma carece de condenas y/o pedidos de captura”.
También valoró que como “un segundo aspecto que en mi criterio contribuye a disminuir el riesgo de fuga o peligrosidad procesal respecto de Leguizamón” el hecho de que “posee domicilio conocido en la vivienda familiar de calle 66 de Villa Cañás”.
Finalmente, Vidal tuvo en cuenta un informe realizado por una licenciada en Trabajo Social, quien entrevistó en el domicilio de los Ascaíni –mientras el matrimonio permanecía en prisión- a una hermana del Vasco y a la madre de Leguizamón, quienes cuidaban de los niños de 14, 11 y 8 años de la pareja.
El informe sostiene que “los menores reciben atención de las necesidades básicas de parte de estas dos familiares directas y según lo informado por las instituciones educativas los menores evidencian problemas de conducta y adaptación, agravado con la detención de sus progenitores”.
El voto de Vidal, firmado el 6 de junio pasado, fue acompañado por el del camarista Fernando Lorenzo Barbará, con el que formó mayoría para confirmar la excarcelación de Leguizamón, quien desde noviembre del año anterior ya estaba en su casa por decisión de Bailaque.
Peligro moral
En disidencia, el magistrado Edgardo Bello hizo suyos los argumentos de su colega Vidal en cuanto a las razones que esgrimió como suficientes para denegar la excarcelación. Es decir, la pena máxima establecida para el delito de narcotráfico en caso de condena y su inviable ejecución condicional.
Pero disintió con los argumentos que la magistrada ponderó para finalmente votar en favor de la liberación de la detenida.
“Surgen numerosos elementos que advierto como obstativos a la libertad, entre los cuales tengo especialmente en consideración el vínculo familiar que la encartada tiene con su consorte procesal –y cónyuge- Carlos Andrés Ascaíni”.
En ese sentido, y tras repasar los numerosos antecedentes penales del Vasco, el camarista sostuvo que “lo expresado autoriza a señalar que el encartado acumula una serie de hechos que dan cuenta de una familiaridad con el delito y la transgresión a las reglas de convivencia y acatamiento de las leyes”.
Más adelante, Bello subraya la presunta relación de la familia Ascaíni con la policía, que le brindaría protección para su supuesta actividad ilícita, como un agravante para liberar a la Leguizamón. También indica en su voto que el patrimonio acumulado por el matrimonio hace presumible la posibilidad de una fuga.
En cuanto a las cuestiones familiares, dice: “Entiendo que el solo avance de la investigación y la situación familiar de la encartada –madre de tres hijos menores- no alcanzarían a disminuir suficientemente su peligrosidad procesal, en términos de riesgo de fuga”.
Y agrega: “Siendo que en su propio domicilio se incautaron casi dos kilos y medio de cocaína destinados a comercio, no puede descartarse que fuera ella misma quien genera peligro moral para el adecuado desarrollo de sus hijos, lo que podría agravarse o continuarse con su regreso a la casa”.
“Finalmente –concluye el juez- también contribuye en mi decisión la amplia repercusión y alarma social que el caso representa en el medio ambiente donde los encartados viven y actúan, así como el tiempo de encierro que sufrió Leguizamón desde su detención”, que fue del 5 de abril de 2013 hasta el 14 de noviembre del mismo año.
Amenazas a un jefe policial
“El Cabezón nos dejó en banda, esto es para el jefe Druetta”, dice la primera oración de un papel impreso y anónimo que apareció por debajo de la puerta de la Brigada Operativo Departamental VIII de la ex Drogas Peligrosas, con sede en Venado Tuerto. La poco amistosa misiva fue dirigida a Alejandro Druetta, jefe de esa brigada, y quien encarceló a los presuntos narcos Carlos Andrés Ascaíni y Aldo César Orozco, entre otros.
Ambos acusaron en su momento al jefe policial de “embagayarlos”, es decir, de plantarles la droga. Ambos fueron denunciados en su momento por el diputado provincial de la UCR, Maximiliano Pullaro, como jefes de bandas organizadas para el tráfico de drogas en el sur provincial.
De acuerdo a la denuncia que realizó el comisario Druetta en la Fiscalía Federal Nº2 de Rosario, el anónimo sigue así: “Le aviso que el Gordo (posiblemente Ascaíni) pagó 150 lucas a una gente de Buenos Aires y lo andan buscando, le van a dar tiro”.
Generoso con la suerte del jefe policial, el anónimo le advierte que quienes supuestamente lo persiguen para darle un tiro “son 4 porteños. Saben ya que se mueve en grupo cuando van y vienen a Rosario”.
Asegura que lo antedicho “es verdad, la bronca viene porque se metieron con la mujer”.
Este artículo fue publicado en la edición 149 del semanario El Eslabón de este sábado.
