El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó que hay más de 2.800 familias evacuadas en Misiones y Formosa por las inundaciones y precisó que la presidenta dio instrucciones para garantizar la ayuda y la reconstrucción de las viviendas dañadas.
El funcionario informó este lunes que la jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, dio instrucciones para brindar asistencia a los damnificados por las inundaciones en las provincias del noreste, inicialmente con la provisión de alimentos, enseres diversos, frazadas, colchones y otros elementos de primera necesidad.
El jefe de ministros, dijo que Cristina «no descarta hacer una recorrida por la zona en el transcurso de los próximas horas o días», a fin de informarse en persona de la situación.
Además, se prevé que cuando las aguas bajen se pondrá en marcha «la reconstrucción de viviendas o hacer nuevas viviendas en su caso, a través del Programa Federal de Viviendas, y tenemos un compromiso rápido y directo para un proceso de reparación de daños», señaló.
Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, precisó que «estamos haciendo un monitoreo de la situación de las zonas inundadas desde el comienzo de este fenómeno y coordinando acciones, junto con los gobernadores provinciales, intendentes y con la participación del Comité de Emergencia que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete».
Detalló que la mayor complejidad se registra en Misiones donde, según datos recibidos hasta anoche, «tenemos 7.350 personas evacuadas, que pertenecen a 1.413 familias; 1.463 viviendas afectadas, de las cuales 827 están inundadas y otras 636 registran destrucción parcial y en algunos casos total».
«Además, tenemos puentes cortados al tránsito en la ruta costera número dos y provincial número 103 desde San Javier hasta Moconá», agrego.
En tanto, en Formosa, las localidades afectadas por la crecida del río Paraguay son Formosa capital, Clorinda, Puerto Pilcomayo y las zonas de islas.
Allí «hay registrados desde ayer 1.290 familias evacuadas, 115 familias autoevacuadas; en Clorinda se registran 658 familias evacuadas; en Formosa capital 493 evacuadas y 115 autoevacuadas, mientras que en diversas islas y otras localidades del interior hay 139 familias afectadas», indicó el jefe de Gabinete.
Comentó que en Formosa «las zonas más afectadas se dan principalmente en la costa del Paraguay desde el río Pilcomayo hasta la desembocadura del Bermejo, y se espera que el río Paraguay se estabilice en una altura de 7,45 metros alrededor del 5 de julio venidero».
Griesa
Capitanich consideró que es un «caso inédito en la historia de la humanidad» que un juez (por Thomas Griesa) pretenda «alterar un contrato e impedir el pago a bonistas que voluntariamente adhirieron a la reestructuración de la deuda», como sucede con el 92,4 por ciento de los tenedores de deuda del Estado argentino.
«Consideramos que es un caso inédito en la historia de la humanidad. Es la primera vez que un juez pretende alterar un contrato e impedir el pago a los bonistas que han adherido a la reestructuración de la deuda. El caso es motivo de consulta y estudio a nivel internacional», dijo Capitanich.
El jefe de ministros agregó que también es insólito que se hable de «default técnico» cuando la «Argentina ha manifestado su voluntad de pago y, además, ha hecho los depósitos correspondientes».
«Es necesario remarcar de modo enfático que se pretende incluir un eufemismo que es default técnico», dijo Capitanich durante la habitual conferencia de prensa matutina en Casa de Gobierno.
Explicó que «cuando un país paga y cumple sus obligaciones financieras» no está en default, y enfatizó que, además, «no puede un juez alterar situaciones de carácter contractual surgidas de un prospecto que no fue objetado por la
Bolsa de Valores de Estados Unidos».
«Lo que genera el juez Griesa con su fallo es una alteración del mecanismo de cumplimiento de la Argentina con sus acreedores que voluntariamente adhirieron a la reestructuración de la deuda», dijo y agregó que «los recursos del Estado nacional están depositados en la cuenta del Banco Central de la República Argentina a disposición de los acreedores que adhirieron voluntariamente al canje».
El funcionario también explicó que la intervención del «special máster», a iniciativa de Griesa, es para iniciar un proceso de diálogo que permita generar una situación de negociación dada la complejidad del caso.
En este marco, reiteró que la posición argentina es siempre la misma: «Argentina está dispuesta y abierta al diálogo para establecer condiciones de negociación equitativas, justas y legales para el 100 por ciento de los bonistas».
Mencionó también que el juez neoyorquino «no tomó una decisión asociada a una orden de desacato, que no se apropió de los fondos depositados para aplicar su propio fallo».
Dijo también que Argentina debe inexorablemente respetar la Constitución Nacional, que establece que corresponde al Congreso de la Nación el arreglo de la deuda interna y externa, y que por eso la reestructuración de la deuda fue por ley.
En este marco, recordó que esa reestructuración permitió lograr el 92,4 por ciento de consenso, quedando fuera el 7,6 por ciento que no aceptó el proceso, y dejó claro que «la deuda no la generó este gobierno» y que se trata de «títulos defaulteados en 2001».
Boudou
Otro tema que abordó Capitanich es el «tratamiento inequitativo y desigual» que hacen algunos medios de comunicación de la causa judicial que involucra al vicepresidente Amado Boudou en relación a la situación judicial de Mauricio Macri, quien se encuentra procesado en una causa por escuchas ilegales.
«Lo que observo es un tratamiento por lo menos inequitativo y desigual», aseveró el jefe de ministros, cuando fue consultado sobre el procesamiento dictado por el juez Ariel Lijo contra el vicepresidente en el marco de la causa Ciccone.
En este sentido, el funcionario nacional afirmó que «el caso del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, es exactamente el mismo y uno observa que el centrimetraje de diarios o la participación en medios de comunicación audiovisual prácticamente es inexistente».
«También observo que los mismos dirigentes opositores que se expiden con furibundas declaraciones respecto a esta causa no lo hacen en el mismo sentido respecto a la causa del jefe de la ciudad», sostuvo el funcionario.
En este punto, remarcó que «también se podría decir lo mismo de dos diputados nacionales actualmente en ejercicio que son Aguad y Sturzenegger».
Federico Sturzenegger (PRO) se encuentra procesado en el marco de la causa que investiga el llamado Megacanje, mientras que Oscar Aguad (UCR) está en la misma situación procesal en el marco de una causa que investiga el destino de un crédito que tomó cuando se desempeñaba como interventor federal de la Municipalidad de Corrientes.
Fuente: Télam.
