Autoridades nacionales, provinciales, municipales se reunieron este miércoles en Granadero Baigorria para analizar la situación del predio del ex centro clandestino de detención (CCD), La Calamita. A la reunión faltó su propietario, Raúl Benzadón, quien estaba convocado y faltó por que sus asesores se lo aconsejaron. Sobre el lugar pesa una medida cautelar de la justicia federal para que se hagan excavaciones por posibles enterramientos realizados durante la última dictadura cívico militar, pero desde hace tiempo se radicaron actividades ilegales como una compraventa de chatarra y otra de garrafas de gas.
El marco para que se concrete la reunión de este miércoles, fue la preocupación de diferentes actores interesados en la preservación del ex CCD como un sitio de memoria, provocada por la toma de conocimiento de que en el predio no solo no se estaba cumpliendo la media cautelar que preserve el espacio, sino que se estaban desarrollando actividades comerciales no autorizadas. Las actividades irregulares en los terrenos de Benzadón fueron denunciadas por el grupo Documenta Baigorria en octubre pasado.
En el encuentro realizado en Granadero Baigorria, participaron la directora de la Red Federal de Sitios de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Judith Said; el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Ramón Verón; la directora de Memoria de Santa Fe, Nadia Schujman; la diputada provincial (SI-Frente Progresista) Alicia Gutiérrez –querellante en la causa Guerrieri donde se investiga La Calamita y autora del proyecto de expropiación del lugar–; la diputada provincial (Frente para la Victoria) Érika Gonet, quien además es de la ciudad y estuvo acompañada por las autoridades municipales.
Según pudo confirmar este medio, con todos los sectores reunidos y ante la ausencia del propietario del predio, se comunicaron con Benzadón para avanzar en las negociaciones que faciliten la posible expropiación y permitan que se respete la medida judicial de preservación del lugar.
Precisamente la medida cautelar resuelta desde hace tiempo por la Justicia Federal de Rosario –que exige que el predio sea conservado sin modificaciones para poder investigar si hubo enterramientos clandestinos durante la dictadura, tal cual fuera denunciado–, fue otro de los temas tratados en la reunión.
Las fuentes consultadas por Redacción Rosario indicaron que en el encuentro desde el municipio informaron que clausuraron la comercialización de gas. Además, los actores presentes acordaron en avanzar en una próxima señalización del ex centro clandestino según los parámetros de la Red Federal de Sitios de la Memoria y coordinar acciones para que finalmente la legislatura santafesina sancione la ley de expropiación.
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