El defensor provincial, Gabriel Ganón, formalizó el pedido ante la Oficina de Gestión Judicial para que se declare la incompetencia de la Justicia santafesina en la causa de Franco Ezequiel Casco –quien fue hallado muerto en el río luego de permanecer detenido en la comisaría 7ª– y de esta manera, el caso pase al fuero federal.
En la presentación, realizada el martes último, el funcionario judicial solicita que las actuaciones procedan a la Justicia Federal, ya que considera que es la competente para investigar un hecho “encuadrado en una desaparición forzada de persona”. El escrito lleva la firma de Ganón y de la madre de la víctima, Elsa Godoy.
En un parte de prensa difundido este jueves por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, se indica que la decisión de manifestar la incompetencia de la Justicia provincial en el caso, se resuelve a partir de las declaraciones efectuadas en las audiencias orales y públicas de los días 30 y 31 de octubre por los policías pertenecientes a la Comisaría 7ª y el relato de la médica policial que examinó a Franco Casco el día en que estuvo detenido. “De allí se desprende que la aprehensión fue de dudosa legalidad, sin que se haya configurado uno de los supuestos en los cuales no es necesaria la orden judicial para proceder”, señala el texto.
“Los hechos se simulan como resistencia y atentado a la autoridad, encubriendo una detención ilegítima que no contó en ningún momento con el control judicial requerido”, agrega.
“Tras la detención de Franco –sostiene el comunicado–, no se le dio el correspondiente aviso al juez competente, como así tampoco al defensor de turno, para garantizar el derecho a ser oído y a su defensa respectivamente. En efecto, la única comunicación que entabló el personal policial fue con el Fiscal de turno horas después de la detención; por lo que la privación de libertad no cumplió ni con los aspectos formales ni materiales legalmente exigidos”.
El comunicado añade que “el estado de indefensión se vio agravado por la falsa identidad con la que fue registrado en la Comisaría -con el nombre de Franco Godoy- al momento de la detención, situación que colocó a Franco Casco en un estado de desamparo aún mayor”.
“Cabe destacar –continúa el texto– que su padre ,Ramón Casco, arribó a Rosario el 8 de Octubre, y emprendió la búsqueda del joven. De manera casual ingresó en la Comisaría 7ª, lugar donde mostró una foto de su hijo y allí lo reconocieron”.
El comunicado sostiene además que en este caso tampoco “se constató una real intención por parte del personal policial ni del Ministerio Público de la Acusación de asumir seriamente las denuncias efectuadas, ni tampoco la de iniciar una investigación eficaz a los fines de esclarecer la desaparición”.
“En efecto, el impulso de la búsqueda fue realizada por los propios familiares que con apoyo de organizaciones de Derechos Humanos, recorrieron comisarías, hospitales, difundieron fotografías, entre otros”, agrega.
“Al respecto, debe ser el Estado quien tiene que asumir la investigación por estos casos como un deber jurídico propio de búsqueda de la verdad, «no como un proceso de interés particular que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares»”, advierte el escrito.
Por último, el comunicado señala que “atento a los hechos descriptos, las circunstancias relatadas por el personal, las numerosas contradicciones e irregularidades detectadas y los dichos vertidos durante las audiencias expuestas, no hacen más que reforzar la hipótesis esgrimida desde este Ministerio Público de la Defensa, que encuadra el hecho ante el delito de desaparición forzada de persona”.
“En este sentido, el órgano solicita que la Justicia Provincial se declare incompetente para tal caso y se proceda a la remisión de las actuaciones a la Justicia Federal en lo atinente a la desaparición y muerte de Franco Casco”, concluye.
