El fiscal de la causa que investiga la contratación de servicios entre el gobierno porteño y el candidato a diputado nacional de Cambiemos Fernando Niembro, realizó allanamientos en la administración de Mauricio Macri y la productora vinculada al periodista deportivo, quien solía decir «se nota mucho» cuando era evidente algún favoritismo en un partido de fútbol.
Macri no las tiene todas consigo. A los presuntos manejos irregulares entre su gobierno y la productora de la cual Niembro fuera titular hasta hace meses, ahora se suma un informe de la Auditoría porteña en el que se indica que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires (Caba), le pagó un 85 por ciento adicional a las empresas contratistas Techint y Dycasa, por el retraso en las obras en tres estaciones de la línea H de subte.
Pero volviendo al caso de las contrataciones a La Usina Producciones, los allanamientos, llevados a cabo por la fiscalía de instrucción número 43, a cargo del fiscal Carlos Velarde, fueron realizados en las últimas horas de este lunes, en oficinas del Ejecutivo porteño y la firma relacionada con el periodista y candidato a primer diputado nacional por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
Según la agencia Télam, los cinco procedimientos fueron realizados por la fiscalía a cargo de Carlos Velarde, al tiempo que el abogado Antonio Liurgo ratificó y amplió la denuncia que días atrás presentó contra el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el periodista deportivo Niembro.
Desde que una investigación periodística reveló las irregularidades en torno a las contrataciones a una empresa del periodista y actual candidato del PRO por parte del gobierno porteño, el bochorno no se ha detenido.
Hace apenas seis días, un artículo de investigación publicado por el diario Tiempo Argentino reveló las millonarias contrataciones del gobierno de Mauricio Macri a la empresa del periodista y candidato del PRO Fernando Niembro. Ninguna de las contrataciones había sido dada a conocer en el Boletín Oficial, y a ninguno de esos contratos la empresa había llegado por la vía de la licitación sino que, en todos los casos, habían sido realizadas bajo la modalidad de “contratación directa” o mediante el uso del decreto 556, previsto para ser utilizado utilizado solo en caso de urgencias, que permite al Ejecutivo porteño saltear los pasos habituales de contratación.
En la nota mencionada se consignaba que, 2012 y 2015, La Usina Producciones SRL había recibido más de 21 millones de pesos en contrataciones directas del Gobierno de la Ciudad a partir de la adjudicación de más de «170 contratos ocultados”.
Si bien en un primer momento Niembro ensayó un descargo y manifestó que todos los contratos habían sido obtenidos por licitación, luego se desdijo y señaló que habían sido mediante “concurso de precios”. A su vez, el ex secretario de medios de Carlos Menem aseguró que se había desvinculado de la empresa en cuestión hacia más de un año, afirmación que se probó falsa al poco tiempo.
Ese mismo día, la presidenta del Bloque del Frente para la Victoria de la Legislatura de Buenos Aires, Gabriela Alegre, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo porteño explique la falta de transparencia y las irregularidades estas contrataciones, sin embargo, el macrismo se negó a tratar el tema en el recinto.
Conforme pasaban los días, cada vez quedaba más claro una cosa: la empresa de Niembro había sido creada exclusivamente para vehiculizar contratos del gobierno que encabeza Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires.
La Usina Producciones fue creada en mayo 2012 e inmediatamente, sin contar con ningún tipo de experiencia acreditada ni servicios prestados a otros contratistas, celebró 15 contratos con el gobierno porteño por 420 mil pesos, según se desprende del acta constitutiva de la firma y de la documentación revelada.
La empresa tiene como objeto social “la realización y producción de actividades periodísticas y publicitarias” en diferentes formatos, lo cual entra en contradicción con algunos de los servicios que le facturó a la Ciudad como, por ejemplo, el servicio de encuestas por el cual facturó un total de 7.038.490 millones de pesos.
De este modo, queda expuesta una doble irregularidad: la empresa no podía brindar un servicio que está por fuera de su objeto social, y el gobierno porteño no podía contratar un servicio a una empresa que no tenía capacidad legal de brindar tal prestación.
El 4 de septiembre se conoció que Niembro había mentido sobre la fecha de su desvinculación de La Usina Producciones cuando se reveló que había vendido en la irrisoria cifra 20 mil pesos su parte accionaria en una empresa que facturaba millones.
Si bien desde el primer día de conocida la denuncia el periodista aseguró que cedió su participación en los primeros días de marzo de 2014, en realidad los trámites habían culminado un año después. La diferencia en las fechas surge porque La Usina Producciones presentó los papeles en la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla la inscripción legal de las sociedades comerciales en la Argentina, siete meses después de firmada la cesión.
Además, la empresa habría demorado casi seis meses en responder las observaciones a la desvinculación cursadas por la IGJ, por lo cual Niembro dejó de ser legalmente socio de La Usina Producciones el 11 de marzo de 2015. Para ese entonces, la compañía se había alzado con más de $17 millones en contratos con el gobierno conducido por Mauricio Macri.
El 6 de septiembre, una nota del diario Perfil descubrió que los únicos clientes de la empresa de Niembro habían sido el Gobierno de la Ciudad y el Banco Ciudad . El contrato con el banco público porteño que preside el economista de Pro Rogelio Frigerio superó el millón de pesos y consistió en la colocación de publicidad en el canal Fox Sport como parte de una campaña en el Mundial Brasil 2014.
Este lunes, el Diario Popular sacó a la luz que La Usina es una empresa “fantasma” que no tiene empleados registrados ni está inscripta como empleador, según se desprende de los datos de la AFIP.
Finalmente, el Diario Crónica también este lunes, dio a conocer la información de que la empresa tiene un juicio no cancelado con ARBA (el fisco bonaerense) por un monto exacto de 20.140,90 pesos, una deuda que equivale a la facturación diaria de La Usina a la Ciudad de Buenos Aires por sus contrataciones.
«Más de un funcionario porteño puede llegar a tener un problema judicial»
En medio de la escalada de denuncias, el auditor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, al referirse a la contratación de servicios descrita, opinó: «Esto empieza por una denuncia periodística y resultó ser ciertamente escandaloso».
Según explicó Epszteyn, «las contrataciones directas realizadas son un mecanismo que debiera utilizarse en casos excepcionales, pero en este caso se ve de manera sistemática con diversos ministerios y en servicios tan diversos como folletería o encuestas».
«El gobierno de la ciudad bloqueó el pedido de informes de la oposición, después de que se hayan detectado claramente una cantidad de irregularidades, con lo cual más de un funcionario puede llegar a tener un problema judicial», manifestó.
Para el auditor, la empresa «era aparentemente un simple sello para recibir la devolución de algún tipo de publicidad que Niembro realizaba de forma subliminal, con elogios al jefe de gobierno, y que tenía más que ver con una publicidad pagada que con convicciones propias».
Epszteyn dijo además estar «absolutamente seguro de que no hubo licitación» con la empresa sino un «mecanismo de aprobación del gasto, pero para lo cual hay que fundamentar la urgencia de ese gasto».
Por último, el auditor porteño precisó que «hay más de 180 facturas o contrataciones en distintas áreas y para distintos servicios, como brindar encuestas», lo cual consideró «muy oscuro» ya que se trata de una «empresa ignota, sin página web, que cobra 900 mil pesos para una encuesta de 1200 casos».
Sobre llovido, sobreprecios
Como si el escándalo con Niembro fuera poco, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con un informe de la Auditoría porteña, les pagó un 85 por ciento adicional a las empresas contratistas Techint y Dycasa, por el retraso en las obras en tres estaciones de la línea H de subte, que deberían haber sido inauguradas en abril de este año y todavía no fueron terminadas.
Según un acta acuerdo, que no fue publicada en el Boletín Oficial, entre la contratista y el Ministerio de Desarrollo Urbano a cargo de Daniel Chain -a la que tuvo acceso el diario Página/12- el principal problema es que la obra estuvo parada por dos años mientras el gobierno de Macri definía qué hacer con un problema con el tipo de suelo.
Debido a estos retrasos, el estudio indicó que las empresas Techint y Dycasa cobraron 1.700 millones de pesos en adicionales y redeterminaciones de precios, lo cual representó un aumento del 85 por ciento sobre el precio original de la obra.
La campaña del actual jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en 2007 comenzó con la promesa de 10 kilómetros de subte por año; lo cual incluía «la finalización de la línea H, que debía llegar hasta Retiro, la extensión de la B, y la iniciación de las F, G e I».
En ocho años de gobierno, la gestión macrista inauguró las estaciones de la línea A, H y de la B que ya venían avanzadas de gobiernos anteriores; en tanto, cerró la línea A durante el verano de 2013 y dejó sin servicio a la B durante fines de semanas y feriados desde abril del año pasado y hasta junio de 2015 para adaptar las estaciones a los vagones que compró en Madrid.
Un informe de la Auditoría porteña, que analiza un acta acuerdo de 2012 entre la empresa y el gobierno porteño, señala que las obras debían haberse terminado en abril de 2015 para las estaciones Córdoba, Santa Fe y Las Heras, mientras que la estación Plaza Francia estaba prevista para 2017; y también se postergó para ese año las estaciones Sáenz y Pompeya.
El equipo del auditor Epszteyn pudo averiguar que los plazos están lejos de cumplirse: hasta junio, la estación Córdoba tenía un avance del 74 por ciento; la de Santa Fe, del 60 por ciento; Las Heras, 72 por ciento y Plaza Francia, 12 por ciento.
Los túneles que llegan de Corrientes a Plaza Francia tenían un avance de entre el 64 y el 50 por ciento, según el caso; y en total, la obra no avanzó más de un 33 por ciento.
«Por un lado hay falta de decisión política en lo que tiene que ver con la expansión del subte, y por otro, hay una gran ineficacia y situaciones sospechosas entre SBASE y las empresas contratistas», advirtió Epszteyn.
Un acta acuerdo entre el ministro de Desarrollo Urbano y las empresas contratadas, Dycasa y Techint, de abril de 2015, reconoce que la obra estuvo parada dos años.
El documento indicó que entre el 10 de junio de 2012 y el 16 de abril de 2014 las obras estuvieron frenadas y que la responsabilidad fue de la gestión porteña, por lo que se le reconoció una suma de dinero adicional a la unión de empresas por otros 30 millones de pesos.
En junio de 2012, las empresas presentaron una alternativa para hacer los túneles a lo que siguió un intercambio burocrático y una serie de estudios hasta principios de 2014.
Se tomaron esos dos años para resolver un problema con los suelos y el uso de otro tipo de tuneladora, pero una vez que se reinició la obra en 2014, tampoco se avanzó demasiado: un año más tarde, la ejecución de los túneles había avanzado un 1,54 por ciento.
La obra original costaba 2.001 millones de pesos, según el contrato de septiembre de 2011; el atraso representó un aumento del precio total del 85 por ciento, entre redeterminaciones de precios y adecuaciones que relevó el equipo de Epszteyn.
«A Macri le gusta criticar al gobierno nacional. Debiera observar muy detenidamente la forma sospechosa en que se está beneficiando a estas empresas», sostuvo Epszteyn.
Fuente: Télam
