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“La situación hace imperiosa la necesidad de escuchar las opiniones”, sostuvo la concejala Norma López al pedir una audiencia pública sobre el aumento de la EPE. “Muchísimas familias no puedan afrontar esta carga”, alertó.

La presidenta del bloque del Frente para la Victoria presentó este viernes un proyecto en el Concejo para que se realice una audiencia pública sobre tarifas del servicio de energía eléctrica. “A nivel nacional y de acuerdo a la Ley 24.065, del marco regulatorio del servicio eléctrico, prevé que cuando se estipule una modificación del cuadro tarifario que paga el usuario debe hacerse una audiencia”, indicó.

La edil aclaró que “en nuestra provincia, no pasa como con el servicio de agua potable donde sí existe un ente regulador por lo que las autoridades no están obligadas a convocarla”, y al respecto consideró que “el Concejo es el lugar indicado para realizar este encuentro dado que la EPE no tiene quien lo controle y pueden escucharse las voces de todos los actores interesados”.

“La situación hace imperiosa la necesidad de escuchar las opiniones, tanto los diferentes usuarios del servicio, ya sean residenciales, comerciales o industriales como también a las asociaciones y entidades gremiales que los representan. En el Palacio Vasallo se han presentado variadas propuestas relacionadas a esta problemática”, expresó López.

“La situación económica que atraviesa el país y el incremento tarifario dispuesto por la Empresa Provincial de la Energía nos debe alertar”, dijo la dirigente, y agregó: “Luego de haber dispuesto un aumento del 27 por ciento en el pasado mes de diciembre, las autoridades provinciales decidieron trasladar a los usuarios la totalidad del incremento de costos producto de la abrupta quita de subsidios por parte del Estado Nacional, lo que implicó que el aumento sea mayor al dispuesto en otras jurisdicciones, totalizando un incremento de aproximadamente el ciento por ciento”.

La edil señaló que “este aumento que resulta de la política aplicada por las autoridades provinciales y nacionales, implica que muchísimas familias no puedan afrontar la carga que representa el pago de la tarifa energética, pero las que sí puedan hacerlo deben restringir otros consumos, dañando aún más el mercado interno”.

“La industria, como el comercio, es uno de los sectores más perjudicados ante las deficiencias en el servicio prestado por la EPE, ya sea por las interrupciones del suministro como también los problemas de tensión. En tanto, muchos actores privados incluso asumen el costo de grandes inversiones, que deberían ser asumidos al menos en parte por cuenta de la EPE, sin percibir ninguna compensación a cambio”, continuó.

Por último, la concejala apuntó que “este contexto de retracción del consumo y caída de la actividad económica, los establecimientos comerciales e industriales deben hacer frente al incremento en sus costos dispuestos por la EPE, de forma simultánea con la baja en sus ventas como es el caso de hoteles y locales gastronómicos de la ciudad entre otros”, y concluyó: “En muchos casos, la variación entre bimestres cercana al 300 por ciento, situación que se agrava aún más para las industrias electrointensivas”.

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