Aunque el presidente Mauricio Macri no lo hizo explícito, el proyecto de pago de deudas a jubilados contempla habilitar la venta de las acciones de la Anses, lo cual generó fuertes críticas por parte de la oposición.
El denominado «Programa de reparación histórica para jubilados y pensionados» contempla la posibilidad de habilitar a la Anses a desprenderse de las acciones que posee de empresas privadas, para el pago de las compensaciones a los jubilados con juicios contra el estado.
Así lo reconoció, de manera más específica, el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, quien explicó que para pagar estos reajustes se utilizarán fondos provenientes del blanqueo de capitales, las ganancias que genera el propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y de ser necesario, la venta de las acciones que integran ese fondo.
“Todo el dinero que genere el Fondo se va a aplicar para pagar los juicios, más el dinero que nos pase el Tesoro (proveniente del blanqueo), vamos a poder pagar todos los juicios”, dijo Basavilbaso en declaraciones a Radio Continental.
Y luego el funcionario debió reconocer que el gobierno podría apelar a vender las joyas de la abuela: “Si no nos alcanzara, que puede suceder de acá a tres años, la ley permite vender acciones para compensar ese déficit. Tres años es una cuenta que tenemos estimativa, pero no necesariamente nos obliga a vender las acciones ahora”.
Sin embargo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se impulsó la sanción de una ley en la que se determina que para autorizar la ventas de esas acciones, se requiere la aprobación de dos tercios de los integrantes del Congreso.
En la actualidad las restricciones son para vender esas acciones que representan un 13 por ciento del FGS, según datos del Anses correspondientes al 31 de marzo pasado.
Según el informe presentado al Congreso, al primer trimestre, el FGS ascendía a $ 719.708 millones, con un crecimiento interanual de 36,3%.
Críticas de todos los colores
A pesar de que el flamante titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, anticipó el acompañamiento del peronismo al proyecto de pago de la deuda a jubilados, recordó que “en los años 90 se vendió YPF con el argumento de que se les iba a pagar a los jubilados y ya sabemos lo que pasó”.
Es más, con respecto al Ingreso Universal, que sólo contempla el cobro del 80 por ciento de la jubilación mínima, Gioja sentenció: “En Argentina no puede haber unos adultos mayores de primera y otros de segunda porque no tuvieron la posibilidad de tener los 30 años de aporte. Creo que hay que continuar con la ley de moratoria previsional vigente y eso lo vamos a pedir”.
Eduardo Santín, ex diputado radical y con vasta experiencia en el área de la seguridad social, opinó que «a las empresas privadas les molesta que el Estado pueda tener directores del propio organismo en sus empresas. Con esto pretenden sacarlos».
El ex legislador realizó un cálculo: «El FGS tiene 47 mil millones de dólares. Es un fondo que duplica las reservas del Banco Central, un fondo de garantía muy importante que correctamente apalancado puede ayudar al desarrollo». Y añadió: «Bajo una concepción de que el Estado no debe meterse en la economía lo que en la práctica quieren es disolverlo».
Por último, la diputada nacional del Frente Renovador Mirta Tundis, especialista en temas previsionales, en un artículo de opinión para la agencia Télam, dijo que hay que «estar atentos a la letra chicas» sobre el proyecto de ley ómnibus que contempla el pago de las sentencias a los jubilados, solventado con el blanqueo de capitales y el fondo de garantía sustentable, que comenzará a ser tratado mañana en la cámara de diputados.
«Es una buena noticia para nuestros jubilados que el Poder Ejecutivo haya anunciado un proyecto de ley para saldar con los jubilados».
Sin embargo, Tundis sostuvo que «esta iniciativa presentada por el presidente Mauricio Macri la semana pasada contiene algunos ítems que generaron ciertas dudas en el ámbito de la seguridad social, el fuero donde hoy se tramitan los juicios por reajustes de haberes».
Si bien la diputada reconoció que aún no tiene el proyecto en mano para poder leer la letra chiquita, hay «que leer bien lo que va debajo de cada título, por ahora es sólo un paquete de medidas con encabezamientos importantes».
Por último, Tundis analizó: «Por el otro lado, otra preocupación aún más importante son los adultos mayores que seguirán con el haber mínimo, para eso es necesario que el proyecto incluya medidas para aumentarlo por lo menos a siete mil pesos como se hizo con el Salario vital y móvil».
