Desde el Concejo Municipal de Rosario denunciaron que el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, “no da respuesta” al pedido que realizó el legislativo local hace un mes para que atienda a los 350 obreros suspendidos de General Motors.
Este martes, el edil de la Coalición Cívica, Carlos Comi, informó que solicitó una nueva audiencia con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tras la falta de respuestas.
“Semanas atrás, luego de que de 350 trabajadores suspendidos de la empresa se acercaran al Concejo Municipal en busca de una solución proveniente del Estado para con su lucha, mi equipo se comunicó con el Ministerio de Trabajo para gestionar una intervención directa de la Nación en el tema”, contó Comi, quien recordó que informalmente les habían “prometido que próximamente se coordinaría una reunión pero hasta el día de la fecha no hubo respuestas concretas a nuestro planteo”.
Comi manifestó este martes su deseo de viajar a Buenos Aires junto a una delegación integrada por funcionarios locales y delegados en representación de los afectados por la empresa, con el objetivo de realizar “una reunión con el Ministerio” y buscar una “posterior resolución de medidas que comprendan el pedido de los trabajadores suspendidos”. Para Comi la situación de los trabajadores “es parte de una problemática cada vez más recurrente en los últimos meses y afecta tanto a Rosario como a toda la región.”
Solidaridad con los suspendidos de GM
El pasado martes 3 de marzo, trabajadores que fueron suspendidos en la planta automotriz de General Motors fueron recibidos en el Concejo Municipal y luego ediles de distintos bloques asistirán a la planta para apoyar el reclamo de los obreros.
En esa oportunidad, los ediles de distintas fuerzas políticas acordaron una serie de medidas para acompañar el reclamo de los trabajadores que aquel martes se hizo presente en el Concejo, con una comitiva de trabajadores que integran la nómina de 350 despedidos de la multinacional nortemericana que posee su planta en Alvear.
Además de la comisión de operarios, estuvieron presentes ese martes en la reunión los ediles Sebastián Chale y María Eugenia Schmuck, de radicales Progresistas, Eduardo Toniolli, de Partido Justicialista, Juan Monteverde y Pedro Salinas, de Ciudad Futura, Norma López, de Frente para la Victoria, María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, Enrique Estévez, de bloque Socialista, Celeste Lepratti, de Frente Social y polular, Diego Giuliano, de Rosario Federal, y Roberto Rosúa de UCR-1983.
Según señalaron los representantes de los trabajadores en esa oportunidad, el 90 por ciento de los operarios suspendidos tienen alguna lesión a varias, enfermedades profesionales causadas por las malas condiciones de trabajo.
“Sospechamos que las suspensiones se decidieron con la información de las carpetas médicas”, había señalado otro trabajador mientras que una joven madre de una niña denunció que cuando quedó embarazada, al principio no se animó a declararlo por temor a perder el trabajo.
Durante el encuentro, los operarios relataron conmovidos los atropellos que sufren a diario a causa de las políticas de la empresa: maltratos constantes por parte de encargados, incumplimiento de medidas internacionales de seguridad laboral, condiciones de trabajo inadecuadas, entre otras.
“Juegan con la salud, la vida y la dignidad de quienes aportamos con nuestro trabajo y nuestro cuerpo para que la empresa duplique sus ganancias”, señalaron.
Entre una serie de manifestaciones de apoyo planteadas por los concejales ese día, Chale destacó el espacio del Concejo Municipal para escuchar “los reclamos y pesares de los ciudadanos”. En tanto Schmuck , quien coordinó la reunión, consideró la necesidad de acordar cuáles serán todas las medidas políticas que tomará el cuerpo para acompañar a los trabajadores.
Comi había propuesto que se inste al gobierno provincial a condicionar la provisión de vehículos oficiales y destinados a las fuerzas policiales “a la vuelta atrás de la decisión de la empresa de suspender a 350 operarios”.
López apoyó esa propuesta y también sugirió convocar a responsables de la empresa, y a representantes de las carteras laborales nacional y provincial. Por su parte, Estévez consideró incorporar también a los integrantes de la comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura santafesina.
