El ex dictador argentino Jorge Videla sumó hoy un nuevo procesamiento judicial por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de estado que gobernó al país de 1976 a 1983.
La medida fue dispuesta por la jueza Cristina Garzón de Lascano, quien en el marco de una causa por la tortura y el asesinato de 31 presos políticos también trabó un embargo de 200.000 pesos (unos 60.000 dólares) sobre los bienes del ex gobernante de facto.
La magistrada investiga la responsabilidad de Videla y otras autoridades del Ejército en violaciones de los derechos humanos y otros delitos cometidos en dependencias policiales y una cárcel de la provincia de Córdoba, en el centro del país.
En el expediente hay otra veintena de imputados que, al igual que Videla, fueron procesados por Garzón de Lascano, quien también trabó embargos sobre sus bienes.
Videla, de 83 años, fue trasladado por orden judicial en octubre último a una guarnición militar de las afueras de Buenos Aires luego de haber gozado del beneficio de la prisión domiciliaria durante una década.
El ex presidente de facto también ha sido procesado por el secuestro de menores durante la dictadura, la desaparición de dos empresarios y el Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.
