Que el municipio destine fondos propios a la prevención del delito es el eje de la propuesta que presentaron públicamente los concejales María Eugenia Bielsa y Fernando Rosúa y que se tradujo en un proyecto de ordenanza.
La idea es crear un Consejo para la Prevención Social del Delito con el objetivo de involucrar al Estado municipal, junto con organizaciones sociales y comunitarias, en la “búsqueda de alternativas de integración social que alejen tempranamente a los adolescentes no punibles del circuito delictivo”.
Para el funcionamiento del Consejo, el proyecto prevé asignar un fondo específico conformado por el 30 por ciento de la que abonará el casino que se está construyendo en la zona sur en concepto de Derecho de Registro e Inspección (Drei).
La presentación de la propuesta se realizó este martes a la tarde con amplia presencia de organizaciones sociales, vecinales y juveniles, según informaron desde el bloque Encuentro por Rosario, que integran Bielsa y Rosúa.
Estuvieron, entro otros, el juez de Menores Juan José Carmona, el diputado provincial Gerardo Rico, Norma Ríos (presidenta de la APDH Rosario) y Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares de Taxis.
"La idea fundamental es que desde el Estado Municipal se puedan definir acciones rápidas dirigidas a tratar la problemática", indicó Rosúa. Y agregó que se piensa “en programas estatales, como también, y esto es lo más importante, en acciones coordinadas por ONGs, clubes de barrio, cursos de capacitación brindados por sindicatos, iniciativas barriales y de cualquier sector de la sociedad que tenga un proyecto para intervenir socialmente y contener a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, y con riesgo de vincularse con el delito".
A su turno, Bielsa señaló: "Aprovechando que estamos discutiendo el presupuesto municipal, creemos necesario discutir la necesidad de inversiones que tienen que ver con lo social, que implican una fuerte voluntad política, y que probablemente no sean las cuestiones que más publicidad le dan a una gestión; pero que conllevan el compromiso político de trabajar para lograr que problemáticas tan sensibles, como la intervención sobre las causas sociales del delito, sean abordadas integralmente desde el Estado".
