El secretario de Derechos Humanos anunció que se solicitará al Consejo de la Magistratura que actúe contra los miembros de la Sala II de la Cámara de Casación y del Tribunal 5 de la Capital. También se presentará un "recurso extraordinario" ante el alto tribunal "para que se aboque en forma directa para evitar un escándalo jurídico".
La Secretaría de Derechos Humanos solicitará el inicio de un juicio político a los magistrados que dictaron la libertad de 17 represores que actuaron en la ESMA y planteará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Así lo informó este viernes el titular de la secretaría, Eduardo Luis Duhalde, quien argumentó que la decisión apunta a "evitar un escándalo jurídico" por la decisión de los jueces subrogantes de la Sala II de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci y Luis María García.
No obstante, esta tarde los camaristas recibieron un recurso extraordinario interpuesto por el fiscal Raul Plee y suspendieron la orden dictada este jueves hasta decidir si aceptan o no el planteo del mencionado fiscal.
Yacobucci y García dictaron este jueves la libertad para 17 ex marinos procesados, entre los que se encuentran Alfredo Astiz y Jorge "El tigre" Acosta, en una causa en la que el juez federal Sergio Torres investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA y en la que la Secretaría de Derechos Humanos es parte querellante.
"Los magistrados no fueron conmovidos por el hecho de que esos 17 individuos están imputados de ser autores fundamentales de los homicidios agravados y detención y desapariciones masivas llevadas adelante por el grupo de tareas de la ESMA", declaró Duhalde en conferencia de prensa.
Para el funcionario, el accionar de los marinos en la Escuela de Mecánica de la Armada "fue una verdadera máquina de masacrar hombres y mujeres y de apropiarse de los niños nacidos en cautiverio".
En este contexto, Duhalde anunció que interpondrá ante la Suprema Corte un recurso extraordinario contra la resolución, y solicitará al alto tribunal "que se avoque en forma directa para evitar el escándalo jurídico" en el país y en el plano internacional.
Con su decisión, la sala II no prorrogó la prisión preventiva que se venía ratificando en los últimos años pese al vencimiento de los plazos legales, lo que justamente fue tomado como argumento por los jueces subrogantes.
Sin embargo, la Procuración General de la Nación recordó este jueves que las excarcelaciones no corresponden cuando hay más de un procesamiento, como ocurre con muchos de los detenidos.
También, la Secretaría de Derechos Humanos pedirá al Consejo de la Magistratura el jury de enjuiciamiento a los miembros del Tribunal Oral 5 de la Capital Federal, Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías "por mal desempeño de sus funciones".
Duhalde responsabilizó a ese tribunal por el "retardo de justicia" que llevó a que todavía no se hayan realizado los juicios de los imputados, y, como ejemplo, mencionó que uno de los tramos de la causa ESMA se elevó a proceso oral en noviembre del 2007, pero no se fijó fecha de audiencia.
De la conferencia de prensa, participaron Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos; la coordinadora del área jurídica de la secretaría, Magdalena Funes; los subsecretarios Martín Gras y Luis Alen; y la directora de asuntos jurídicos Andrea Galde.
Los anuncios de Duhalde fueron interrumpidos en varias oportunidades con aplausos y cánticos a favor de dar cárcel a los jueces que, según el secretario, "no puede ignorarse que fueron complacientes" con la dictadura, y aún "hoy no se despojaron de esa visión".
En la rueda de prensa, Duhalde evitó polemizar sobre los argumentos de algunos miembros del Poder Judicial, entre ellos el ministro de la Corte, Carlos Fayt, en cuanto a que el Parlamento estaría demorando los instrumentos necesarios para acelerar los juicios.
"No me cabe la menor duda de que hay elementos que conspiran; son jueces que fueron nombrados por la dictadura por compartir su ideología", expresó Duhalde.
Con todo, advirtió que la cuestión puntual en el caso de los marinos represores es que "no se aplicaron las leyes vigentes, ni la jurisprudencia de la Corte".
Duhalde extendió además el pedido de jury de enjuiciamiento sobre la Cámara Federal de Mendoza, "que dispuso en el último tiempo la liberación de la totalidad de los procesados por crímenes de lesa humanidad".
