Ante la suspensión del pago de una deuda por 22 millones de dólares por parte de la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN), la principal distribuidora del país, el gobierno anunció la intervención durante 120 días. La medida se tomó para “inspeccionar y fiscalizar especialmente las condiciones de prestación de servicio público de gas natural, sean seguras y confiables”.
El anuncio lo hizo este lunes al mediodía el ministro de Planificación Julio De Vido. “La decisión de suspender los pagos compromete al servicio”, explicó el funcionario y remarcó que además existe una falta de obras de la empresa. El interventor será Roberto Darío Pons, el director del Centro de Estudios Económicos y de Gestión de la Energía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
El ministro apuntó que “es vital y es fundamental que las empresas licenciatarias de servicios público otorgados por el Estado tengan la sanidad financiera correspondiente, y que las condiciones financieras no vayan en desmedro de la calidad del servicio, y mucho menos el mantenimiento de la infraestructura”.
En cuanto al interventor, dijo que “no reemplazará al directorio”, ya que se llevará a cabo una “coadministración”.
“La tarea del interventor será ardua”, aseguró De Vido, tras considerar “vital y fundamental que las empresas licenciatarias de servicios público otorgados por el Estado tengan la sanidad financiera correspondiente, y que las condiciones financieras no vayan en desmedro de la calidad del servicio, y mucho menos el mantenimiento de la infraestructura”, según publicó El Cronista.
TGN reestructuró el total de sus deudas por US$ 345 millones en agosto de 2006, pero ahora se convirtió en la primera privatizada que no puede cumplir con el pago de sus obligaciones negociables.
Según publica Clarín, la empresa informó el martes a la Bolsa (donde cotizan el 20% de sus acciones) que no iba a poder pagar los US$ 22,5 millones de capital e intereses que vencen el 31 de diciembre. Y el viernes, luego de las versiones sobre una intervención, debió salir a aclarar que no había recibido ninguna comunicación oficial al respecto.
“Entre los acreedores de TGN se encuentra la Anses, que tiene en su poder las obligaciones negociables que recibió de las AFJP, por un monto total que sería mayor a los 30 millones de dólares”, agrega la nota.
“En TGN –continúa el texto– alegaron que la suspensión de pagos se debió a varios motivos, entre ellos el congelamiento de las tarifas domésticas desde 1999, el aumento de los costos operativos y salariales y el recorte de las exportaciones de gas a Chile y Brasil dispuesto por el Gobierno para afrontar la crisis energética local. Y que tomaba la decisión para poder seguir prestando de manera «segura y confiable» el servicio”.
La mayoría accionaria de TGN pertenece a Gasinvest, un consorcio integrado entre otras empresas por TecGas (de Techint), Compañía General de Combustibles y la francesa Total Gas. TGN opera una red de casi 6.800 kilómetros de gasoductos y 17 plantas compresoras. Cuenta con el Gasoducto del Norte y el del centro-Oeste que nace en el yacimiento de Loma de la Lata en Neuquén. Al igual que su colega TGS, tiene pendiente la renegociación de su contrato de concesión.
En diciembre de 1992 el Gobierno Argentino, continuando con la implementación de la Ley de Reforma del Estado promulgada en 1989 por el Congreso de la Nación, completa el proceso de privatización de Gas del Estado. Esta empresa estatal se había dedicado al transporte y la distribución del gas natural en la República Argentina por más de 45 años.
Como parte de este proceso el sistema de transmisión y distribución de gas quedó entonces bajo la responsabilidad de empresas privadas, dos compañías de transporte y nueve de distribución.
Es así como desde diciembre de 1992, Transportadora de Gas del Norte S.A. es la empresa dedicada al transporte de gas natural por gasoductos de alta presión en el centro y norte de la Argentina.
En su calidad de prestadora de un servicio público nacional, TGN se encuentra sujeta a la regulación estatal basada en la Ley del Gas N° 24.076, que es ejercida por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
