El Gobierno boliviano ratificó este miércoles que la organización de origen estadounidense Human Rights Foundation (HRF), vinculada a un caso de terrorismo y a un plan magnicida, operaba sin registro en ese país suramericano.
La información fue dada a conocer por el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil de Bolivia, Sacha Llorenti, a través de un comunicado, en el que además se revela que el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazó una solicitud de HRF para ser reconocida como entidad consultiva.
De acuerdo con el comunicado, un informe del viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento, instancia encargada de llevar el Registro Nacional de Consultorías, Donaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) certificó que "no se encuentra inscrita en el Registro Único Nacional de ONG’s.
De ésta manera, la organización de origen estadounidense actuó en franca violación al artículo dos del Decreto Supremo 22409m, que señala la obligatoriedad de la matriculación en Bolivia de todas las ONG’s y la sistematización de la información relativa a las mismas.
"Human Rigts Fundation no figura en la lista de entidades que han suscrito o están gestionando un convenio marco con el Estado Plurinacional de Bolivia", señala el comunicado.
Asimismo, el documento señala que una nota publicada el lunes en la prensa nacional contradice las declaraciones realizadas el domingo por el viceministro Sacha Llorenti, respecto al registro de Human Rigths Foundation, y "rechaza toda manifestación de apoyo, por parte de organismos nacionales o extranjeros, a grupos separatistas que busquen la desintegración de Bolivia".
La indagación de la situación legal de esa ONG se realizó, luego de que Juan Carlos Gueder Bruno, uno de los dos miembros de la derechista Unión Juvenil Cruceñista (UJC) vinculado a la presunta célula terrorista desarticulada en el departamento boliviano de Santa Cruz (este) el pasado 16 de abril, acusó a Hugo Achá Melgar, ejecutivo de HRF, de tener también vínculos con el grupo irregular.
El pasado domingo, Llorenti recordó que HRF comenzó a trabajar en el país en supuesta defensa de los derechos humanos.
"Pero todos sus informes son panfletos ideologizados y que nada tienen que ver con los derechos humanos. No es casual que esté involucrada esta fundación, ni que hayan participado como observadores en el referéndum separatista inconstitucional, que se realizó hace exactamente un año en Santa Cruz. Estas situaciones están vinculadas entre sí", recalcó Llorenti en una entrevista radial.
El pasado 16 de abril, en un operativo antiterrorista, la Policía boliviana abatió al irlandés Mike Dwyer, al rumano Magyarosi Arpak y al boliviano-croata, de origen húngaro, Eduardo Rózsa Flores, acusados de intentar llevar a cabo el asesinato del Presidente de Bolivia, Evo Morales, y de su vicepresidente, Álvaro García Linera.
Además, se han atribuido a este grupo los ataques con explosivos registrados recientemente en Santa Cruz, uno de ellos contra la casa del cardenal Julio Terrazas, máximo representante de la Iglesia católica en Bolivia.
El propio Rósza Flores, que según el Gobierno boliviano era el líder de la banda, en una entrevista grabada el 8 de septiembre de 2008 y transmitida el pasado martes por la televisión húngara, afirmó que iba a viajar a Bolivia para organizar la defensa militar de Santa Cruz, su región natal.
Santa Cruz, junto a los también departamentos bolivianos de Beni (norte), Pando (norte) y Tarija (sur), inició el pasado año un proceso autonomista ilegal que provocó episodios violentos entre la oposición y seguidores del Gobierno boliviano.
Rózsa adquirió experiencia de combate en la guerra de los Balcanes (que sirvió para la desintegración de Yugoslavia) y por eso, dijo, se le encargó que organizara la defensa militar del departamento cruceño, aunque no aclaró quién le hizo tal pedido.
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