El gobierno provincial le reclama a la empresa cerealera Cargill una deuda por impuesto inmobiliario por supuestas obras no declaradas. El secretario de Comunicación Social, Rubén Galassi, ratificó este lunes que la multinacional no informó sobre sus ampliaciones en las tres plantas radicadas en el sur santafesino y que por tal motivo la Justicia le trabó un embargo de 575 mil pesos. El último viernes, el intendente de Puerto General San Martín, Carlos de Grandis, dijo que Cargill declaró las obras y tiene en regla la documentación que certifica las construcciones que hizo la empresa en la planta que posee en esa ciudad.
En una entrevista con LT9, Galassi sostuvo que “Cargill tenía declarado y veía en las boletas del impuesto inmobiliario que la emite la provincia 73 mil metros cuadrados de las plantas en Puerto General San Martín, Villa Gobernador Gálvez y Alvear, y se detecta en el vuelo que hace Catastro 212 mil metros cuadrados, es decir, una diferencia de 138 mil metros cuadros”.
“La responsabilidad es del propietario del inmueble de declarar las ampliaciones, tanto al municipio como a la provincia –continuó el secretario de Comunicación Social–. Lo curioso es que lo hicieron a la municipalidad y no a la provincia, por eso se le reclamó 575 mil pesos”. En tanto, el funcionario aclaró que “el embargo sale por un procedimiento judicial, no administrativo”.
Además, Galassi indicó que “en las tres plantas (Puerto San Martín, Villa Gobernador Gálvez y Alvear) se detectaron diferencias y Cargill cuando recibía el inmobiliario veía cuántos metros cuadrados figuraba y por cuánto se le cobraba. Si usted ve que se le cobran por 73 mil metros cuadrados y tiene 211 mil, debería pensar que algo está pasando”.
De Grandis, intendente de Puerto San Martín, aseguró que la cerealera Cargill declaró las obras y tiene en regla la documentación correspondiente a las construcciones que hizo en la planta de esa ciudad. “Han presentado los planos y han pagado los derechos de edificación que corresponde, y a nosotros no nos deben absolutamente nada”, indicó la semana pasada al portal Punto Biz.
Según De Grandis, la provincia nunca hizo ningún tipo de consultas al municipio sobre este tema. “No consultó absolutamente nada, pero es cierto que nosotros también deberíamos informar y además deberíamos haber exigido que una declaración jurada que le falta presentar a Cargill se haga para completar todos los papeles; esa fue una falencia de nuestros funcionarios de urbanismo”, admitió el intendente de la vecina ciudad, al tiempo que opinó que el gobierno de Santa Fe había “montado de alguna manera un show con el operativo a Cargill”.
Después de ese operativo a la planta de Cargill en Puerto General San Martín llevado a cabo semanas atrás, la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia denunció a la multinacional Cargill y la notificó de una deuda de casi 600 mil pesos que la cerealera no habría pagado en concepto de impuesto inmobiliario. También habría irregularidades en torno de las retenciones aduaneras. La titular del área, Teresa Beren, explicó en su momento que la firma fue “notificada” por una deuda de 575 mil pesos que debía pagar por impuesto inmobiliario. La compañía no habría declarado unos 140 mil metros cuadrados de edificación, por lo tanto estaría incurriendo en una evasión al fisco.
