El gobierno provincial informó que de los 808.215 metros cuadrados de edificaciones no declaradas que se detectaron en el cordón portuario del Gran Rosario, 532.000 ya fueron incorporados a la base catastral de la provincia y las empresas propietarias pagaron los impuestos correspondientes, que antes no pagaban.
“Tenemos muy avanzado el Operativo Puertos y de las 29 empresas titulares de los inmuebles incluidos en el relevamiento, al día de hoy hay 20 que están al día, es decir, que regularizaron su situación fiscal con la provincia de Santa Fe”, indicó la subsecretaria de Ingresos Públicos, Teresa Beren.
“De los 800 mil metros cuadrados que encontramos sin declarar, 532 mil ya han sido declarados y se pagaron los impuestos correspondientes, con lo cual se puede afirmar que el operativo ha sido exitoso”, precisó la funcionaria.
En relación a las nueve empresas restantes, Beren señaló que “continúan los procesos de fiscalización y determinación de deudas, cuyos resultados se informarán una vez que se cierren y se tomen las medidas que correspondan”.
El gobierno provincial dio a conocer en marzo pasado los resultados de un relevamiento territorial y fiscal de las empresas portuarias ubicadas sobre el río Paraná, en el cordón industrial que va de Timbúes a Villa Constitución, a través del cual se detectaron 808.215 metros cuadrados de edificaciones que no estaban incorporadas a la base catastral de la provincia.
Esto representa un incremento de valuaciones cercano a los 120 millones de pesos y equivale a un ingreso para el Estado de 800 mil pesos por año en concepto de Impuesto Inmobiliario.
En algunos casos, también se advirtieron inconsistencias entre las actividades declaradas por las empresas y las instalaciones relevadas.
El operativo realizado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía, permitió actualizar la información –y en consecuencia, los controles fiscales– sobre las empresas titulares de puertos ubicados en el área ribereña del río Paraná, desde la localidad de Timbúes al norte hasta Villa Constitución al sur, tarea que no se hacía desde hace más de una década (prácticamente desde la ley de Puertos de 1992).
Las empresas involucradas han tenido grandes ganancias en los últimos años, boom de la soja mediante. Y sobre varias de ellas recae la sospecha de irregularidades no sólo en cuanto a la no declaración de construcciones sino también en cuanto a comercialización de granos en negro. Esta práctica se realizaría en connivencia con productores y transportistas de los granos que salen al exterior por los puertos del Gran Rosario.
Reempadronamiento de grandes contribuyentes
Por otra parte, la subsecretaria de Ingresos Públicos señaló que el reempadronamiento de grandes contribuyentes que lleva adelante la provincia permitirá integrar por primera vez toda la información de los actores económicos de interés fiscal y conformar “una base de datos de suma importancia para cualquier organismo tributario a la hora de redireccionar correctamente sus intervenciones”.
“No es una intimación a doña Rosa o a don José, sino a 10 mil grandes contribuyentes, que tienen que contribuir al esfuerzo de un Estado que deja de ser bobo para pasar a ser un Estado que quiere hacer eje en la recaudación con un criterio de equidad, y controlar y tener actualizada la información de quienes tienen mayor capacidad contributiva”, señaló Beren.
Con respecto a los recientes cuestionamientos de distintos consejos y colegios de profesionales de la provincia, la funcionaria dejó en claro que ningún contador o abogado fue intimado desde la Administración Provincial de Impuestos por su mero ejercicio profesional y descartó errores en relación al envío de intimaciones.
“No hay ningún tipo de error. No se notificó a contadores y abogados por el ejercicio de su profesión, sino que se intimó a los 10 mil grandes contribuyentes con sus responsables solidarios, esto es, presidentes, administradores y todos aquellos que cumplen esas funciones en los términos del artículo 19 del Código Fiscal provincial”, aclaró Beren.
Según indicó la subsecretaria de Ingresos Públicos, en la intimación se solicita a los contribuyentes en cuestión que cumplan con el reempadronamiento que lleva adelante la provincia. “Es un tema muy importante porque es la primera vez que Santa Fe integra todas sus bases de datos. Hasta este momento, la información que tenía la provincia estaba en compartimentos estancos. Ahora, vamos a saber qué actividad realiza cada gran contribuyente, la cantidad de personal, inmuebles, vehículos que tiene, si es agente de retención o percepción, cuáles son sus principales clientes y proveedores. Estos datos estarían integrados, actualizados y compartidos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y el registro de inmuebles y automotores. Es un trámite muy sencillo, que se puede hacer por Internet, en la página web del gobierno de la provincia”, concluyó Beren.
