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Este sábado se recordará el asesinato de 16 militantes populares en la Base Aeronaval Almirante Zar, de Chubut, una muestra de la honra castrense de esos años. La causa judicial reabierta fue elevada a juicio oral en mayo.
En un episodio del que pueden extraerse algunas ideas respecto de la honra y la palabra de los militares argentinos que expatriaron de las acciones de las Fuerzas Armadas todo concepto “sanmartiniano”, el 22 de agosto de 1972 fueron asesinados 16 militantes populares en la Base Aeronaval Almirante Zar de Chubut. Un ministro del Interior de origen radical, un presidente que ya había participado de fragotes contra el gobierno democrático de Juan Perón, y una horda de asesinos que prometieron en público no desatar sus demonios sobre los detenidos que no habían podido fugarse a Chile desde el penal de Rawson –ése era el plan original de los guerrilleros–, fueron algunos de los protagonistas de una instancia previa al baño de sangre que luego se desató sobre la Argentina tras el golpe de Estado de 1976.
Además de la causa judicial elevada a juicio oral se encuentra en marcha el proceso de extradición desde los Estados Unidos de uno de los responsables de los fusilamientos, el entonces teniente de navío Roberto Bravo.
La causa, caratulada como “Sosa, Luis Emilia; Bravo, Roberto Guillermo y otros de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado”, fue elevada a juicio oral en mayo pasado por el juez federal Hugo Sastre.
Las actuaciones por los fusilamientos, justificados en aquel momento por el ministro del Interior, el radical Arturo Mor Roig, como un intento de fuga, están contenidas en 29 cuerpos de 200 fojas cada uno, embalados en 10 cajas con documental, fotos, prueba fílmica y libros donde se detalla cómo fueron acribillados 19 militantes, 16 de los cuales murieron en el acto y los restantes resultaron gravemente heridos, siendo luego asesinados por la dictadura militar.
Pero según relata el expediente de la elevación a juicio, la masacre tuvo lugar en la fría madrugada del 22 de agosto de 1972, entre las 2.30 y 3.30, aproximadamente, cuando Sosa, en compañía del teniente Bravo, del capitán Emilio del Real y del capitán Herrera (hoy fallecido) se presentaron taconeando en el lugar de detención de la Base Aeronaval Almirante Zar.
Previamente, luego de la frustrada fuga desde el penal de Rawson, planificada en forma conjunta por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) –Montoneros había dejado a sus militantes en libertad de adherir o no a la acción–, y de la que sólo seis jefes guerrilleros lograron huir, los que volvieron al penal tomado por el resto de los detenidos dieron una conferencia de prensa junto al juez que estaba en turno, de apellido Godoy, quien se comprometió públicamente a que las Fuerzas Armadas no tomarían represalias por el hecho y respetarían la vida y la seguridad de los detenidos.
Nada de ello ocurrió. “Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo”, describe la elevación a juicio.
Las víctimas “estaban orientadas hacia el ingreso del mismo algunos y otros hacia las celdas de enfrente y disponiendo que miraran hacia el suelo tras lo cual junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos”, indica el texto que Sastre dirigió a la cámara, al cual tuvo acceso la agencia oficial de noticias Télam.
Como consecuencia de los disparos fallecieron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polto, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
Antonio Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no murieron, y en la causa se explica que “fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado”.
La causa judicial es clara: “Este cuadro fáctico ha sido calificado jurídicamente como homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de 2 o más personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado por alevosía en el grado de tentativa (3 hechos) todos en concurso real”.
En el lugar del fusilamiento, la instrucción determinó la participación de 6 cuadros de la Armada: Luis Emilio Sosa, teniente Roberto Bravo, capitán Emilio del Real, capitán Herrera (fallecido), Carlos Amadeo Marandino y el cabo Marchand (fallecido).
De los mencionados solo cumple prisión efectiva en la Alcaidía Policial de Trelew el ex cabo Marandino, el único de los que participó en el fusilamiento que reconoció haber estado presente, dando detalles sobre lo ocurrido en la sangrienta madrugada.
Los restantes se aferraron a la versión oficial de un “intento de fuga” y tras permanecer unos días detenidos 1§ en comisarías y luego en la prisión de Marcos Paz, lograron el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y padecer problemas de salud.
Además de los mencionados se acusa a Rubén Norberto Paccagnini (jefe de la base), Horacio Alberto Mayorga y Jorge Enrique Bautista, este último por el delito de encubrimiento.
La última noticia en la causa por la Masacre fue el cumplimiento de todos los pasos para la extradición desde los Estados Unidos del ex teniente Roberto Guillermo Bravo.
Bravo es el único prófugo en la Masacre y se encuentra desde la década del 70 en los Estados Unidos de donde se negó a viajar a Argentina para comparecer ante el Juzgado Federal de Rawson que abrió la causa paralizada durante varias décadas.
El pedido de extradición de Bravo se comenzó a gestionar desde mediados del año pasado, una vez que se acreditó su participación activa en el acribillamiento de los militantes.
La imagen que ilustra esta nota es un detalle de la foto tomada por Emilser Pereyra, quien fuera en la época de la fuga y la masacre reportero del diario “Jornada”, de Trelew. Por haber sacado esa foto, Pereyra fue detenido y acusado de ser cómplice de los guerrilleros. Estuvo preso casi un año. Cuando salió en libertad, se exilió en Venezuela y nunca más volvió a la Argentina. Murió en 2004.
