El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró este viernes que la inspección que se pretendió hacer ayer en Clarín no fue de la Afip como fue de alguien que se tomó el trabajo de hacerlo” y dijo que “acá hay una operación que alguien ha financiado” con la intención de “poner al gobierno como si estuviera presionando”. “Sería poco inteligente creer que el gobierno sería tan tonto como para poder mandar una situación de estas características que le permita a Clarín poner la tapa que puso hoy” cuando el gobierno atraviesa con ese grupo una “situación tirante” por la discusión de la Ley de Comunicación Audiovisual, indicó Fernández.
En este sentido, el jefe de Gabinete consideró que el proyecto de ley de Medios que presentó el Ejecutivo es “fenomenal" y cambia la normativa que proviene de la ley de la dictadura. “Tenemos en claro que hay monopolios que están en neta oposición con el gobierno”, afirmó. “En Clarín y TN son todas cosas contra el Gobierno”, remató.
"Hay posiciones encontradas", reconoció Fernández en relación con el grupo mediático más grande del país, pero destacó el proyecto que presentó el Ejecutivo.
En ese sentido, señaló que "no estamos haciendo una ley contra nadie y sí para todos los argentinos".
Además, consideró que "es una verdad de perogrullo" la posición de la oposición con respecto a la pretensión de cambiar la ley después del 10 de diciembre porque si se hace de acuerdo a la Constitución se puede hacer sin problemas.
Por último, dijo que "si De Narváez está contra la ley está bien porque está defendiendo sus intereses".
Micrófono abierto
Una nueva audiencia sobre el proyecto de ley de comunicación audiovisual se abrió este viernes en la Cámara de Diputados, con reclamos de “no seguir politizando” el debate y para debatir “en forma urgente la iniciativa”. Pedro Mouratian, vicepresidente del Inadi, destacó el "compromiso" del instituto con la temática de la comunicación y explicó que existe "la necesidad imperiosa de cambiar el rumbo de la forma en que la sociedad argentina va comprometiéndose con la realidad nacional".
El funcionario pidió no seguir "politizando" el debate "desde el punto de vista partidario" y aclaró que la ley "no se hace en contra de nadie".
José Toledo, de la red Intercable integrada por cable operadores independientes de Televisión por Cable de Argentina, se quejó de que el proyecto de ley no los contemple y consideró "desigual" que se incluya a las cooperativas de servicios públicos en el mercado. "Si prevalece está desigualdad las pymes tenemos fecha de vencimiento, desaparecemos", sostuvo Toledo.
Rodolfo Saltech, de la Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales y prestadores comunitarios de Radiodifusión (CARCO), denunció que con la actual legislación pasaron "25 años de exclusión y discriminación" "En ese tiempo -añadió- diversas empresas lucrativas obtuvieron licencias, pudieron instalarse, crecer y dar saltos tecnológicos pero nosotros no" pese a que "casi seis millones de compatriotas reciben servicios públicos de cooperativas de servicios públicos".
Pedro Bussetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), coincidió en criticar el ingreso de las cooperativas de servicios públicos al mercado de comunicación audiovisual y mencionó la posibilidad de incorporar la figura de "un defensor del público".
"La idea es que se evalúe el adecuado funcionamiento y poder vehicular denuncias o propuestas", dijo, y destacó la necesidad de realizar "audiencias públicas periódicas" para tratar el tema. Federico Montero, de CONADU, expresó que la sociedad argentina "se debe desde hace tiempo una discusión sobre este punto" ya que "supone una profundización de la democracia".
Para Montero, la iniciativa oficial implica "una reformulación del campo de la comunicación política argentina" por lo que reclamó "el tratamiento urgente de la ley".
(Fuente: Télam)
