Dirigentes políticos, legisladores y organismos de derechos humanos, repudiaron la serie de amenazas contra querellantes y testigos vinculados a las causas por juicios contra los represores de la dictadura que tramitan en Rosario y Santa Fe, a la que se sumó esta semana la intimidación contra la legisladora santafesina y querellante Alicia Gutiérrez.
El hecho intimidatorio contra Alicia Gutiérrez, querellante en la causa Guerrieri y activa militante por los derechos humanos, consistió en el envío de una carta en la que la legisladora aparecía como remitente sin haberla enviado. La amenaza ya fue denunciada en la fiscalía federal de Santa Fe, en un juzgado correccional y en el departamento Judiciales de la Policía.
La amenaza contra Alicia Gutiérrez se suma a una serie de hechos de esta naturaleza que tuvieron lugar en la provincia en los últimos años, a los que se añadieron, a partir del comienzo de las audiencias, las intimidaciones recibidas el martes 8 por Patricia Isasa, querellante de la causa Brusa, y el 2 de septiembre por el fiscal José Candioti, que interviene en el juicio oral y público que tramita en la ciudad capital de la provincia.
La secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Rosa Acosta, reiteró “el más enérgico y contundente” repudio a estos hechos y afirmó que “lo importante es que pese a estas oscuras expresiones del pasado, los juicios se están llevando adelante respetando todas las garantías constitucionales”.
El diputado José Tessa manifestó su “preocupación por este tipo de intimidaciones sufridos por los compañeros testigos y querellantes, como la ocurrida con la compañera Alicia Gutiérrez”.
También la agrupación H.I.J.O.S. Rosario reclamó “una investigación que permita conocer quiénes son estos defensores de la impunidad que pretenden frenar el proceso de juicios contra los responsables del terrorismo de estado en nuestra provincia”.
