Mientras el ministro de Salud de la provincia, Miguel Ángel Cappiello, amplió este lunes la denuncia penal por presuntas irregularidades administrativas en el Hospital Centenario por una suma “6.340.000 pesos”, Ariel Pérez, representante del directorio del hospital, lo acusó de especulación política por salir a escena en el mismo día la presentación de listas para la elección de la comisión del centro de salud. Y denunció un proyecto de la cartera para “privatizar todo el servicio de hemodiálisis del sur de la provincia”.
“Sabe perfectamente que nosotros vamos a votar en contra (de la privatización)”, dijo Pérez. “Por eso viene una embestida tan grande. Se cerró el servicio de hemodiálisis del Heca, se lo nucleó en el Centenario y hoy tenemos un padrón cautivo de más de 200 pacientes que se lo quieren dar a una mutinacional”, disparó.
Capiello señaló que el sumario iniciado a mediados de este año en el Tribunal de Cuentas de Santa Fe por el Ministerio de Salud de la provincia, juntamente con la Fiscalía de Estado, contra una empleada del Hospital Centenario de Rosario que había cobrado cheques apócrifos con la firma de los miembros del Consejo de Administración de la institución, arrojó irregularidades administrativas que “comprometen seriamente el patrimonio del hospital y que solamente para el año 2007 ascienden a la suma de 6.340.000 pesos”.
El ministro advirtió además que, de cara a las nuevas elecciones del Consejo de Administración de la institución, podría llegar a intervenirse al hospital.
Por su lado, Ariel Pérez, representante del directorio del Centenario, replicó que la acusación esconde una intención política. “Hay mala leche en la manera en que se dicen las cosas, está todo teñido de política porque hay una elección en la cual aparentemente los candidatos oficialistas pierden”, dijo.
“Entonces si el ministro cree que hay irregularidades, que intervenga el Centenario, tiene todas las herramientas y argumentos para hacerlo. Pero que no salga a la prensa a decirlo, si a él le parece que hay 6 millones de pesos robados que intervenga el Centenario. ¿Pero sabe por qué no lo interviene? Porque sabe perfectamente que no es así”, expresó.
“Hay un proyecto del miisterio de privatizar todo el servicio de hemodiálisis del sur de la provincia y el sabe perfectamente que nosotros vamos a votar en contra y no sé lo vamos a dejar hacer. Por eso viene una embestida tan grande. Se cerró el servicio de hemodiálisis del Clemente Alvarez, se lo nucleó en el Centenario y hoy tenemos un padrón cautivo de más de 200 pacientes que se lo quieren dar directamente a una mutinacional y saben que nosotros no lo vamos apermitir. Se juegan muchas cosas”, detalló.
“Cualquier jefe de servicio del Centenario puede decir que el hospital está diez veces peor que hace dos o tres años atrás. Lo han casi transformado en un dispensario”, lamentó.
Por su parte, Capiello dijo que si bien hay solamente una empleada imputada en el caso, los miembros del Consejo de Administración “están señalados en la denuncia como responsables de la situación”.
Además, puntualizó que la ley 10.608 de hospitales y autogestión –“la que queremos cambiar desde hace tiempo”, acotó– le otorga a los consejos de administración “mucho poder para contratar personal, hacer compras e inversiones”.
Cappiello recordó que las acciones se iniciaron cuando el Ministerio de Salud, junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de la provincia, realizaron un allanamiento de documentación del Consejo de Administración del Hospital Centenario y se inició un sumario junto a la Fiscalía de Estado de la provincia.
A partir de esta situación se realizó una denuncia penal contra una empleada de la institución que había cobrado cheques apócrifos con la firma de los miembros del Consejo de Administración.
En virtud de que a partir de dicho sumario se comprobaron las irregularidades señaladas, Cappiello, con el patrocinio del fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, realizó el viernes último una presentación ampliatoria en el Juzgado Penal Nº 3 de Rosario.
Entre las irregularidades, Cappiello destacó que se encontró documentación que no se ajusta a las normativas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), firmas de un mismo nombre que son absolutamente distintas y pagos de guardias sin la documentación respaldatoria.
El ministro destacó el “gran aporte” del Tribunal de Cuentas de la provincia, en base a cuya actuación “pudimos ampliar la denuncia penal en el juzgado del doctor (José Luis) Caterina”. Y añadió: “Si el juez actúa rápidamente creo que vamos a obtener muy buenos resultados”.
(Fuente: La Capital-Prensa de Gobierno)
