El comienzo del juicio oral y público a represores que actuaron en la Esma y la condena a cadena a perpetua a Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba hicieron de este viernes una jornada histórica en la lucha por la defensa de los derechos humanos y por el juicio y castigo a los responsables del genocidio cometido por la dictadura militar. Menéndez, ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, fue condenado a prisión perpetua y deberá volver a una cárcel común, al revocársele la prisión domiciliaria que cumplía, según el veredicto del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba.
El Tribunal Oral Federal 1, en un fallo unánime, declaró a Menéndez, de 82 años, coautor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada (9 hechos); imposición de tormentos (10 hechos); lesiones gravísimas (1 hecho) y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes (1 hecho). En todos los casos, los delitos son calificados y agravados y en concurso real.
Para este juicio, que había comenzado el 20 de octubre pasado, se acumularon tres causas (Albareda, Morales y Moyano) y el único beneficiado con la absolución de los cargos, del total de seis imputados, fue el ex suboficial mayor de la policía provincial, Calixto Flores.
El fiscal Carlos Gonella había solicitado seis años de prisión para Flores por el delito de privación ilegítima de la libertad en la causa del desaparecido subcomisario Ricardo Albareda, un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que fue asesinado en el centro clandestino de detención del “chalet de la hidráulica” en Villa Carlos Paz el 25 de setiembre de 1979.
La condena a perpetua y revocatoria de la prisión domiciliaria alcanzó también al jefe de la policía provincial durante estos hechos represivos, el coronel (r) Rodolfo Campos, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado. El tribunal de enjuiciamiento aplicó la misma condena y por idénticos delitos al ex comisario mayor (r) Armando Cejas y al comisario Hugo Britos.
En el caso del ex policía Miguel Angel Gómez, alias el “gato” o el “sargento“, de 62 años, considerado uno de los temibles torturadores de la D2 (Departamento de Informaciones Policiales) recibió la sentencia de 16 años de prisión y se dispuso su inmediata detención.
El tribunal, integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Sergio Grimaux y José Quiroga Uriburu, también resolvió no hacer lugar al planteo de incompetencia del Tribunal, al igual que a las nulidades y prescripciones planteadas por las defensas de los imputados. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo martes 15 a las 9.30.
Durante la lectura de la sentencia estuvieron en la sala de audiencia autoridades provinciales y municipales cordobesas y referentes de las distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos. En las afueras del edificio de los Tribunales, en tanto, siguieron el veredicto numerosos grupos de estudiantes y militantes de distintas organizaciones.
Durante la mañana, al hacer uso de la palabra, como es habitual en los juicios, Menéndez había reivindicado el accionar represivo, al sostener que se combatía un régimen comunista ruso que se había instalado en toda América Latina.
En Buenos Aires, en tanto, arrancó este viernes el juicio a un grupo de represores que actuaron en la Esma al que uno de los sobrevivientes calificó como “el juicio de Auschwitz en la Argentina”.
Fue Enrique Fukman quien comparó el proceso por los crímenes en el campo de exterminio de la segunda guerra mundial con el que se inició en Buenos Aires. Fukman dijo también que espera que los 19 primeros procesados que llegan a juicio "sean condenados a cadena perpetua" y consideró que el debate oral y público que comenzó "es muy importante" porque durante la última dictadura militar "hubo un plan genocida implementado en todo el país".
Prueba de ello es que en muchas ciudades del país se realizaron y se están llevando adelante juicios a los represores, como los que alcanzan a quienes actuaron en las zonas de Rosario y la capital santafesina.
En Buenos Aires, el Tribunal Oral Federal Cinco comenzó a juzgar, entre otros, a los represores Alfredo Astiz, Jorge "el tigre" Acosta, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías, acusados por 85 casos de violaciones a los derechos humanos, entre cuyas víctimas figuran las monjas frances Alice Domon y Leonie Duquet y el periodista Rodolfo Walsh.
Otra sobreviviente de la ESMA, Andrea Bello, si bien manifestó que deseaba que hubiera llegado a juicio "toda la causa ESMA", porque, así segmentada, "vamos a tener que declarar varias veces como testigos, diciendo lo mismo", vio con beneplácito que, "por fin se haya iniciado el juicio" por hechos que la tuvieron como víctima.
"No hemos dejado de golpear las paredes de la impunidad para llegar a esto", expresó Bello.
La sala de audiencias tiene espacio para el público en dos plantas. En el subsuelo fueron ubicados los damnificados y parientes de las víctimas, mientras que en el primer piso 30 butacas estaban destinadas a familiares y amigos de los procesados y otras tantas a periodistas, algunos de ellos de países como España y Francia.
Entre los ubicados en el primer piso, miembros de la Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia, como Gerardo Palacios Hardy y Mariano Gradín, manifestaron ante el periodismo acreditado su "identificación política con los imputados".
También estuvo Lucrecia Astiz, hermana del más conocido de los procesados. Afirmó que no alienta expectativas y manifestó estar con "bronca", porque el proceso que llevó a los procesados a juicio "fue parcial".
La hermana del apodado "Niño" o "Angel Rubio", dijo que Astiz no intervino en los hechos ilícitos que se le atribuyen, pero "es un chivo expiatorio".
Otra de las asistentes a la audiencia, Cecilia Pando, cónyuge de un militar sancionado por el ejército, opinó que el juicio es "ilegal" y que "todos (los procesados) están condenados de antemano".
La postura contraria fue exhibida por manifestantes de organizaciones de derechos humanos que alrededor del mediodía se concentraron frente al acceso principal de los tribunales federales de Retiro para reclamar "castigo" a los genocidas y entonar consignas contra la represión durante la última dictadura militar.
Entre ellos, Ana María Careaga, hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo desparecida durante la dictadura, calificó como "un momento histórico" el inicio del segundo juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Por su parte, Patricia Walsh, hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, también desaparecido durante la dictadura, coincidió en que se trata de un "juicio histórico" y sostuvo que "alguna gente no entendió que los crímenes de lesa humanidad no se pueden reivindicar y no han entendido que las dictaduras no se pueden comparar con la democracia".
(Fuente: Télam)
