El tribunal oral federal N° 1 de Rosario, que este martes pretendía retomar el último tramo del juicio contra cinco represores de los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica Militar, comunicó que las audiencias quedarían suspendidas hasta el jueves de esta semana, debido a que los abogados del imputado Pascual Guerrieri presentaron un informe que alega que su defendido se encuentra impedido de participar del proceso por presentar “una afección cardíaca”.
El TOF1 informó además que ya cursó una solicitud al cuerpo de médicos forenses para chequear el estado de salud de Guerrieri, el militar de más alto rango entre los tres imputados en este juicio. Los otros dos son Jorge Fariña y Juan Amelong. En este juicio, además de los tres integrantes del ejército también están siendo juzgados los civiles de inteligencia -PCI en la de los militares- Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
Los represores están imputados por graves delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de estado aplicado por la última dictadura miliar, como el secuestro y tortura de una treintena de militantes, más el homicidio y la desaparición de diecisiete de ellos.
Conferencia de prensa
Fuera del tribunal y desde las 10 de la mañana, integrantes de Juicio y Castigo Rosario, espacio que nuclea a organismos de derechos humanos como Madres, Familiares, APDH, MEDH, H.I.J.O. S. y a conjunto de organizaciones sociales y políticas, realizó una conferencia de prensa en la que reclamaron al Tribunal Federal Oral N2 que “una sala donde entren todos los familiares, testigos, querellantes y público que quiera ser parte de este proceso”. Los organismos también pidieron a los jueces que “sean fieles a la verdad y den cárcel común perpetua y efectiva para todos los represores, que pena que se desprende claramente de la prueba generada a lo largo del proceso”.
Para la audiencia de este martes, se esperaba la ampliación de la declaración del represor Amelong, y luego de esta, el inicio de los alegatos -es decir la acusación final de las querellas y fiscalía-.
Con este nuevo suspenso de las audiencias, vuelve la incertidumbre de los testigos, familiares y organismos de derechos humanos sobre cuándo será la fecha de la esperada sentencia.
