El tratamiento o no en la Legislatura provincial del veto de Hermes Binner al combo Presupuesto-Aumento de impuestos-Permiso para endeudarse motivó que el diputado provincial Marcelo Gastaldi criticara ácidamente a la administración socialista: “A la falta de gestión le suman conductas inconstitucionales”, descerrajó, para explicar que el problema es que “están intentando evitar el debate del veto en la Legislatura con lecturas forzadas y atajos que no hacen más que dañar la vida institucional de la provincia y poner al gobierno avalando situaciones de clara inconstitucionalidad”.

El legislador rosarino se sumó además a la polémica generada por el gobernador Binner, que había calificado al Partido Justicialista (PJ) de “no estar preparado para ser oposición”, pero avanzó en lo que, supone, será el debate de la semana: o la Legislatura provincial trata el veto del Ejecutivo o el oficialismo elude ese mandato constitucional y promulga un Presupuesto en forma ficta.

En ese sentido, Gastaldi sostuvo: “Las declaraciones de Binner son un reconocimiento a la falta de gestión que tiene este gobierno, a la que le suma una permanente actitud del socialismo de echar culpas a los otros en lugar de practicar una sana autocrítica que permita empezar a dar cumplimiento a las promesas electorales”.

El diputado advirtió que “están intentando evitar el debate del veto en la Legislatura con lecturas forzadas y atajos que no hacen más que dañar la vida institucional de la provincia y poner al gobierno avalando situaciones de clara inconstitucionalidad”.

Gastaldi opinó que para echar por tierra “la novedosa e inexistente doctrina jurídica que esgrime el jefe de bancada del socialismo, Raúl Lamberto, quien entiende que «el veto forma parte de la política del Ejecutivo de defender el derecho constitucional de formular su presupuesto»”, nadie mejor que el constituyente de 1962, Héctor García Solá. Éste, al ser consultado por el ánimo que tuvieron al momento de sancionar la Carta Magna, sentenció: “La interpretación y la aplicación del artículo 59 de la Constitución de Santa Fe forma parte –y no casualmente- del capítulo Formación y Sanción de las Leyes y no del Capítulo de las Atribuciones del Poder Ejecutivo”.

En ese sentido, el representante justicialista señala que el mismo García Solá “resulta muy elocuente cuando escribe que «la Constitución Provincial reconoce y consagra el protagonismo del Poder Ejecutivo en dos de las tres etapas del proceso… de formación y sanción de las leyes –la de la iniciativa y la de promulgación; la etapa de la producción o confección del proyecto le corresponde íntegra a la Legislatura- pero ni aún la Constitución más proclive al liderazgo del Ejecutivo tolera que éste legisle encontrándose en condiciones de hacerlo la Legislatura, ni tolera que el Ejecutivo so pretexto de veto total o parcial propicie una sanción global promiscua…»”.

Gastaldi remató: “Hablar de sanción ficta sin trámite legislativo a esta altura resulta cuanto menos oscurantista, ya que la norma provincial no presenta duda interpretativa alguna, pues en concreto: a) ordena a la Legislatura que se pronuncie sobre el veto, en un término breve, y b) tiene por rechazado el proyecto si no se expide en ese término. Es claro que cuando la regla alude a considerar «rechazado el proyecto», está descartando cualquier tipo de sanción ficta del mismo, porque de lo contrario diría «aprobado el proyecto» o «aceptado el veto»”.

Consecuencias del veto

El legislador rosarino insistió con las consecuencias prácticas que acarrea la decisión tomada por el gobierno de Binner:

Fondo Soja

El Presupuesto Provincial, aprobado por las Cámaras Legislativas en diciembre pasado incrementó de un 30% a un 50% el reparto del Fondo Federal Solidario (Fondo Soja) a favor de los municipios y comunas. El veto del Poder Ejecutivo impide esa posibilidad, volviendo al reparto original del 70% para la provincia y el 30% para los municipios y comunas.

De esta manera, por ejemplo Rosario deja de percibir $39.463.768 y la Ciudad de Santa Fe $13.191.170.

Fondo Obras Menores

Además, el citado presupuesto prorrogó la ley que permite a municipios y comunas utilizar el 50% de lo que le corresponda del Fondo de Obras Menores, para ser utilizado en gastos corrientes y garantizó que dicha suma se le transfiera mensualmente en 12 cuotas iguales. El veto del Poder Ejecutivo impide esa posibilidad.

Ejemplificaré con las pérdidas de Rafaela $2.722.460, Granadero Baigorria $1.239.883, Perez $1.022.454, Reconquista $2.603.779 y Venado Tuerto $2.318.743.

Endeudamiento

Hay una facultad constitucional propia y exclusiva del Poder Legislativo, cual es la de “autorizar el endeudamiento” que el veto del Poder Ejecutivo viola completamente y el posible no tratamiento del mismo profundiza su inconstitucionalidad. Se corre el riesgo de que los santafesinos nos endeudemos en $1600 millones sin saber previamente su destino, la tasa que pagaremos y el nombre del acreedor.

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