El debate por el uso de las reservas del Banco Central y su papel en la provisión de financiamiento ha reavivado el interés por la cuestión del acceso al crédito por parte de las diferentes unidades económicas. Inclusive, la nueva presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, auguró un “regreso del crédito a la producción”.
Por eso, resulta interesante analizar cómo han evolucionado en los últimos veinte años la participación de los distintos actores en el financiamiento y sus tasas de morosidad. Para facilitar el análisis, realizamos un estudio comparativo entre los períodos de gobierno que van desde la administración del Dr. Carlos Menem hasta la que conduce la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
La distribución del crédito
Imaginemos una “torta” que represente el 100 % de los créditos tomados por los distintos actores económicos. En el cuadro 1 se muestra la participación de cada uno de ellos en el volumen total de créditos.
Como vemos, hay una importante evolución en la participación de los asalariados en el crédito durante el período 2003-2009. Esto se debe –básicamente– a la canalización de los ahorros provocados por mejores ingresos hacia créditos hipotecarios y de consumo y al respaldo de la capacidad de repago mediante políticas de estabilidad del empleo que mantuvieron la circulación monetaria.
La industria y el sector agropecuario han incrementado su cuota desde 2003 debido al vigoroso crecimiento y las buenas perspectivas, especialmente en la agricultura, que ha alcanzado su máxima participación en 20 años.
Los servicios públicos y la energía no han sido negocios atractivos luego de la crisis de 2001 debido a los congelamientos tarifarios, las regulaciones de precios y a los altos riesgos de las actividades exploratorias, de manera que los privados no demandan crédito para invertir en este sector. En su defecto, las inversiones son hechas por el Estado y se financian en buena parte con fondos del tesoro o la aplicación de cargos específicos, haciendo más escasa aún la demanda de financiamiento.
La construcción, pese a su fuerte crecimiento, ha reducido también su demanda relativa de fondos debido al mayor uso de fideicomisos de construcción en reemplazo del crédito hipotecario en los sectores medios y altos.
La caída en la participación de la intermediación financiera refleja dos aspectos de la economía argentina. Uno positivo, que es el menor atractivo de las actividades especulativas producto de la flotación administrada del tipo de cambio, la acumulación de reservas y el apoyo a las actividades de la economía real; y uno negativo, que son la inflación y la desconfianza heredada de las crisis, que incentivan el atesoramiento en dólares en vez de la utilización de las entidades financieras repetidas veces para negociar títulos valores.
Uno de los datos más llamativos es la reducción de la participación de la administración pública. De acaparar más del 40 % del crédito durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde, la administración pública hoy sólo demanda el 8,4 %. Esto tiene dos explicaciones: por un lado, los déficits de fiscales en los que incurría sistemáticamente el estado nacional hasta el 2002 funcionaban como una “aspiradora” de créditos que limitaba el acceso del sector privado a los mismos; por otro lado, la administración pública absorbe en los ciclos recesivos buena parte del crédito que pierden y/o dejan de demandar las actividades productivas.
Las tasas de morosidad
El pilar fundamental de la confianza del sistema financiero es la capacidad de honrar los compromisos ya que así se irá consolidando la relación entre prestamista e inversor y ello redundará en mejor financiamiento. Por eso, analizada la actual composición del stock de crédito en la Argentina, veamos ahora en el cuadro II la morosidad de los actores distintos económicos.
El primer dato a rescatar es que el porcentaje de morosidad está en su punto más bajo de los últimos 20 años. Hoy se observa sólo el 6,7 % de morosidad versus porcentajes mucho más elevados durante los gobiernos de Menem (16,7 %), De la Rúa (16,4 %) y Duhalde (23,6 %).
Si pasamos a analizar el comportamiento de los distintos actores económicos vemos cómo la morosidad de los empleados es 4 veces inferior a la presentada durante el gobierno de Duhalde, reflejo de las mejoras de ingresos de los sectores asalariados.
Por su parte, la morosidad actual del Agro (3,5%) y la Industria (4%) son sustancialmente inferiores a la demostrada durante la convertibilidad (24,8 % y 18,6 %, respectivamente) y en la coyuntura pos devaluatoria, donde prácticamente 1 de cada 2 tomadores de crédito del campo y la industria no cumplían a tiempo con sus compromisos de pago.
Para poder cumplir en tiempo y forma con las deudas se requiere buena liquidez y suficientes niveles de ventas. La liquidez depende del desarrollo del mercado financiero mientras que los niveles de ventas dependen del sostenimiento de la actividad económica a través de la demanda agregada.
No es entonces casualidad que las tasas de morosidad más bajas se registren en los períodos de mayor crecimiento y menor volatilidad de la actividad, incluso habiendo atravesado una crisis internacional. Así, vemos cómo el nivel de actividad contribuye a fortalecer el sistema crediticio.
(*) Fundación para la Integración Federal (FUNIF) – Filial Rosario
