“El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, contrató a dos estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires para demandar a la Nación por tres causas vinculadas a la coparticipación federal. A pesar de contar con 140 abogados en la Fiscalía de Estado Provincial, decidió contratar sin licitación previa (a pesar de lo que estipula le legislación provincial) al estudio jurídico de quien encabezó la lista del Acuerdo Cívico y Social en la ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra”. Lo publicó el periódico Miradas al Sur. Lo investigó el periodista Lucas Carrasco. Lo ignora casi todo el universo periodístico santafesino.
Lo dicho, la información es tan precisa que se torna inadmisible que no haya prácticamente medios santafesinos que hayan levantado tan dura y comprometedora información respecto del actual gobierno provincial. Redacción Rosario desmenuza una noticia que hace tambalear la arquitectura de “transparencia” que el socialismo erigió con tanto entusiasmo en dos décadas de gestión.
Contra todo lo que indica la ley en Santa Fe, que obliga a licitar toda contratación por encima de los 100 mil pesos, el 22 de diciembre de 2008 Hermes Binner firmó el decreto número 3.165 –en el que no se mencionan los nombres de los estudios jurídicos ni el monto del contrato– que contrata a los bufetes de Gil Lavedra y Bouzat para que asesoren a la provincia en su planteo ante la Nación. En ese decreto se establece un porcentaje del 30% para los estudios jurídicos si la demanda prospera.
Pero los súper abogados cobrarán de todos modos un 30% si hay una transacción favorable –esto es si se alcanza un acuerdo entre partes, en el que los estudios jurídicos se esforzarían menos– con la sola condición de que “Santa Fe obtenga 30 de cada 100 pesos que reclama; de esos 30 pesos, un 30% va a los abogados aún si la Nación le niega el 70% de lo que reclaman. Pero, a su vez, Gil Lavedra y Bouzat, cobrarán de todos modos aunque la presentación legal no prospere, de mínima, 40 mil pesos mensuales”.
Ese decreto fue cuestionado severamente por el Tribunal de Cuentas de Santa Fe, lo que obligó a Binner a firmar en 2009 un decreto rectificatorio del anterior –el número 0560– donde se establece que los montos a percibir por los estudios jurídicos serán los siguientes: 800 mil pesos a dividir por partes iguales entre ambos estudios durante 2009 –“ambos estudios” es textual: dado que se argumenta republicanamente que por la “confidencialidad abogado-cliente”… no se van a mencionar los estudios en cuestión–, relata Carrasco en su investigación. Además, cobran lo previsto para los mismos contratos en el Presupuesto provincial de 2010: 1.252.000 pesos, lo que implica en dos años más de dos millones de pesos. Un contrato a pedido de Gil Lavedra.
“Delante de la gente”
El 9 de mayo de 2009, Binner visitó la localidad de Santo Tomé, casi pegada a la capital santafesina. Lo acompañaron el intendente de esa ciudad, Palo Oliver, y los ministros de Salud, Miguel Ángel Cappiello, y de Obras Públicas y Vivienda, Hugo Storero. El diario El Litoral del día siguiente destacó desde el título una frase del mandatario socialista: “Nos interesa que los contratos se firmen delante de la gente”. Se refería, claro, a la firma de contratos para obras de infraestructura en salud.
Poco después, el 30 de mayo de ese año, diferentes medios revelaron que Binner iba a presentar un recurso judicial “que fue redactado con el asesoramiento jurídico del abogado y candidato a diputado porteño por el Acuerdo Cívico y Social, Ricardo Gil Lavedra”. Si el ex camarista que juzgó a las juntas militares ya había redactado el escrito, quiere decir que el mandatario santafesino ya había firmado el contrato con el estudio jurídico porteño, y por cierto que no lo hizo “delante de la gente”.
Según la investigación de Miradas al Sur, Binner contrató al estudio de Gil Lavedra y a otro, el bufete jurídico Bouzat, Rosenkrantz y asociados, que patrocina a clientes fulgurosos: Cablevisión (de Clarín), Confederación de Asociaciones Rurales (CRA), Grupo De Narváez, Cervecería Quilmes, La Rural Predio de Palermo e YPF, entre otros grupos empresarios.
Binner le llevó a ambos estudios tres carpetas para cargar contra la Nación. Todas ellas por supuesta deudas del Estado nacional con Santa Fe surgidas de sucesivos pactos fiscales que la provincia firmó con los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa y su Alianza, de la cual tanto Binner como Gil Lavedra participaron activamente.
Por un lado, la primera demanda “corresponde a un fondo creado con dinero de las provincias para financiar la autarquía de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”, destaca Carrasco. En segundo término, Santa Fe pretende recuperar el 15 por ciento de coparticipación federal que se les quitó a las provincias para solventar la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), en el escandaloso contexto de la creación de las AFJP. Por último, la tercera demanda data de 2002, cuando –con el voto de socialistas y radicales–se modificó la distribución del impuesto al cheque.
De estas cuestiones pretendió charlar el mandatario socialista con los legisladores nacionales santafesinos, a quienes invitó para “informarlos acerca de las gestiones ante la Corte Suprema”, según reza el parte de prensa oficial distribuido este fin de semana. Estaban invitados los diputados nacionales Walter Agosto, Jorge Obeid, Daniel Germano, Celia Arena, Juan Carlos Forconi y Carlos Carranza, Agustín Rossi, Gustavo Marconato, Alejandro Rossi y Paulina Fiol, y también los senadores nacionales Carlos Reutemann y Roxana Latorre, todos por la oposición.
La reunión fue este lunes por la mañana, y por el justicialismo sólo asistieron los diputados nacionales Walter Agosto, y Juan Carlos Forconi, en representación de su jefe Jorge Obeid, y Daniel Germano y Celia Arena, en nombre de su conductor Carlos Reutemann. Poco para tan noble fin.
A los que fueron Binner no les aclaró nada de lo publicado este domingo en el periódico porteño, pese a sus implicancias legales y a lo oneroso para las arcas provinciales que resulta su falta de confianza en los abogados de la Fiscalía de Estado.
Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a la provincia y a la Nación para abordar una de las tres causas, la que se vincula con las AFJP, en la que Santa Fe pide la devolución del 15% destinado a la ANSES. El gobernador Binner y el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, están citados a las 10 de la mañana de este miércoles 17 de marzo. Tal vez algún medio en Buenos Aires haga lo que los grandes medios no hicieron en Santa Fe: preguntarle a Binner por qué hizo lo que hizo y a ese costo.
