A partir de las 17.30 de este miércoles se realizará en la sede de La Toma, en Tucumán 1349, una asamblea multisectorial para decidir acciones de movilización en rechazo al fallo judicial que declaró inconstitucional la ley de expropiación de ese inmueble. “Vamos a enfrentar este fallo que es vergonzoso, porque pasa por alto los fundamentos de la ley de expropiación que se basa en la función social de las actividades que aquí se despliegan”, adelantó Carlos Ghioldi, uno de los referentes de la Cooperativa de Trabajadores en Lucha, conformada por ex empleados del supermercado Tigre.
Fueron ellos los que en a fines de julio del 2001 ocuparon el edificio de Tucumán al 1300 en reclamo del pago de deudas salariales e indemnizaciones y en el marco del proceso de quiebra de la cadena de supermercados que pertenecía al empresario Francisco Regunaschi.
Después, los trabajadores resolvieron conformar una cooperativa con la que pusieron en marcha un supermercado comunitario, el centro Cultural La Toma y un comedor universitario y popular.
Con el paso de los años el inmueble cobijó a otras cooperativas y emprendimientos, además de convertirse en punto de encuentro de numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas, que confluyeron cada vez que la iniciativa de transformar al lugar en un espacio de servicio a la comunidad se vio amenazada.
Y no fueron pocas las amenazas, ante las cuales la resistencia de los trabajadores generó anticuerpos como dos leyes provinciales de expropiación temporaria y, en diciembre del 2008, una ley de expropiación definitiva que hace unos días fue declarada inconstitucional por un fallo del juez Pedro Boasso, titular del juzgado número 15 del fuero civil y comercial.
La declaración de inconstitucionalidad fue promovida por la sindicatura de la quiebra de Tigre, que, remarcó Ghioldi, en su momento permitió que esa empresa se endeudara por un monto 80 veces superior al valor de su patrimonio.
Sin embargo, ahora la sindicatura promovió la declaración de inconsitucionalidad argumentando que los emprendimientos instalados en el predio no tienen viabilidad económica.
“La sindicatura que fue cómplice de un vaciamiento escandaloso habla de falta de viabilidad económica. Pero además, los fundamentos de la ley de expropiación, que fue votada por unanimidad, se basan en la función social”, destacó Ghioldi, en diálogo con este diario digital.
También adelantó que entre las propuestas que plantearán en la asamblea de este miércoles los trabajadores que sostienen las cooperativas y emprendimientos instalados en La Toma se cuenta la de convocar a una gran movilización para el 30 de este mes.
A la vez, los trabajadores afirmaron que acompañarán las medidas que tomen ante el fallo judicial las autoridades provinciales.
