El gobernador Hermes Binner escaló un peldaño más el conflicto que Santa Fe mantiene con la Nación por los recursos coparticipables, al declarar que “si el Gobierno (nacional) nos quiere seguir sacando el 15% de la coparticipación, que reasuma sus obligaciones en salud y educación”. Lo hizo un día después de haber participado de la audiencia en la Corte Suprema de Justicia que trató el reclamo contra la detracción del 15% sobre fondos que recibe por coparticipación de impuestos. “Ya no hay razones para seguir haciendo esa retención”, opinó tempranísimo, dirigiéndose a una Magdalena Ruiz Guiñazú contentísima por tanto tono socialista y opositor .
Como se sabe, Santa Fe le solicitó a la Corte Suprema que el Estado nacional deje de deducirle a la provincia el 15% de partidas coparticipables que las provincias acordaron con la Nación cederle al Estado central en 1992. Aquel acuerdo fue prorrogado en varias oportunidades, pero en 2006 el Congreso sancionó una nueva ley por la cual decidió continuar practicando tales descuentos.
Binner, tempranísimo con Magdalena
Por radio Continental, en el programa Magdalena Tempranísimo, el gobernador de Santa Fe aseguró que “ya no hay razones para seguir haciendo esa retención. Si se toman decisiones inconsultas con las provincias, el federalismo queda menguado. Hoy hay una gran concentración de los recursos económicos en el poder central. Tenemos un federalismo invertido”, protestó.
En un extenso diálogo con la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, Binner reclamó: “O que la Nación reasuma salud y educación o que gire los fondos necesarios para que las provincias hagamos frente a los gastos que insumen”.
El mandatario socialista, luego de justificar que fuera el gobierno de la Alianza –que él apoyó– uno de los que prorrogaron la situación, agregó: “Esto deriva de un momento muy difícil que vivió el ANSES, que tenía muchos beneficiarios y pocos aportantes, cuando se crearon las AFJP. Esta situación derivó en sendos pactos fiscales, que finalizaron en 2005. A partir de esa fecha, toda retención que se hace al Gobierno de Santa Fe, es ilegítima”, protestó.
Lo que el gobierno santafesino planteó ante el máximo tribunal nacional es un reclamo de inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley Nº 26.078, que prorrogó –sin el acuerdo previo o posterior de la provincia de Santa Fe– la detracción del 15% de la masa de recursos de la coparticipación federal de impuestos, con destino al sistema de previsión social de la Nación administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés).
La postura del gobierno nacional ante el reclamo, que fue expresada en la audiencia ante la Corte por la subsecretaria de Relaciones con las Provincias, Nora Fracarolli, y Osvaldo Diez, es que la Ansés no está en una situación superavitaria que le permita prescindir de los fondos que se descuentan de la coparticipación a las provincias, los representantes de la cartera económica nacional sostuvieron que si prospera el pedido del gobierno santafesino podría producirse “un efecto cascada” traducido en planteos similares de otras provincias, cuyo resultado sería el desfinanciamiento de la Ansés.
Nada de esto le interesaba a Magdalena, que está obsesionada con el carácter “extorsivo” de la relación entre Nación y provincias, por lo que Binner debió negar, ante una pregunta en ese sentido, que hubiera recibido propuestas de dinero para la provincia de parte del oficialismo a cambio de votos a favor en el Senado.
Pero como el socialista tenía mucho más para decir, Ruiz Guiñazú lo dejó: “Tiene que haber un respeto de los pactos. Es el principio de un país normal, que funcionen las instituciones, para abordar el problema de la pobreza. Santa Fe es una provincia rica, que tiene la General Motors, el polo ganadero y agrícola… pero, a la hora de recaudar, la mayoría va a la Nación. Si le sumamos que las obligaciones sociales quedan en manos de las provincias, estamos en un problema estructural. Esto se supera con un Estado de derecho”, enfatizó Binner.
Por supuesto, Magdalena nada preguntó a Binner por la contratación de dos estudios jurídicos en forma directa, sin llamar a licitación, para que éstos representen a Santa Fe ante la Corte, haciéndole un corte de mangas a los 140 abogados que la Fiscalía de Estado tiene para cumplir, sin cobrar más que sus salarios, ese fin. Tal vez la afinidad de Ruiz Guiñazú con Ricardo Gil Lavedra, uno de los titulares de esos bufetes, le haya impedido hacer mención al caso.
¿Y el glifosato, Hermes?
Ante una arremetida ecologista de Magdalena, el gobernador tuvo que confirmarle que un fallo judicial obliga a Santa Fe que en seis meses demuestre que los agroquímicos no tienen incidencia en los humanos. “Tenemos que ver cómo se usa. Todo producto tiene incidencias si se usa en forma inadecuada o en exceso”, explicó, comprometido con el medio ambiente.
