Multifuncionalidad, precarización, reducción de personal, es la poco original receta que el grupo El Litoral quiere aplicar en sus medios de la capital de la provincia. Parece que la sociedad con Clarín sale cara y quieren cortar por el hilo más fino.
Según la Asociación de Prensa de Santa Fe, el intento de ajuste obedece a la necesidad patronal de solventar la inversión en la planta de impresión montada en Sauce Viejo en sociedad con el grupo Clarín. Los trabajadores ratificaron que resistirán el embate contra sus derechos: “¡No permitiremos que ninguna de las 240 familias queden en la calle!”, enfatizaron, al cabo de una asamblea que reunió a los afiliados a Prensa, Gráficos y Televisión. Las similitudes entre lo que se plantea en El Litoral y lo que pasó en el multimedios La Capital no son casualidad. Son los grupos de medios operando.
Según informaron desde la Asociación de Prensa de Santa Fe, “en una masiva asamblea y por unanimidad, los trabajadores del diario El Litoral, ElLitoral.com y C&D (Cable y Diario, empresa de televisión por cable) resolvieron rechazar las continuas violaciones a la ley que comete la empresa al abonar sueldos y aguinaldos en cuotas, no pagar aumentos ya acordados e incumplir derechos y condiciones de trabajo”.
“Todo esto con el agravante de querer intentar avanzar con una reestructuración del diario y el canal, que significaría un 20 por ciento de despidos sobre el personal, suspensiones, reducción de la jornada laboral, recategorizaciones y multifuncionalidad“, añadieron.
La asamblea se realizó sobre el final de la jornada del martes 13 y los trabajadores coincidieron en que no pueden confiar al azar la continuidad de sus empleos, por lo que a través de un comunicado manifestaron que “rechazan y repudian cualquier intento empresarial de achicamiento” y avisaron “a los gremios hermanos, al conjunto del movimiento obrero organizado, a las instituciones de la ciudad, a los poderes del Estado, a los lectores y televidentes y la sociedad en general” que resistirán a fondo “cualquier medida de la patronal que avasalle nuestros derechos y salarios y pretenda la pérdida de puestos de trabajo“.
La asamblea en la que el personal fijó postura se realizó en la sede de la Asociación de Prensa. Allí “participaron solidariamente también compañeros gráficos y de televisión“, se informó. Y todos coincidieron en que “el fracaso de las negociaciones que desde hace varios meses se mantienen en el Ministerio de Trabajo de la provincia es exclusiva responsabilidad de la patronal”.
Ante el panorama de diálogo infructuoso, la asamblea “puso en marcha una serie de acciones a los efectos de garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo, la defensa de las condiciones laborales, los salarios y el cumplimiento de las leyes y convenios vigentes“.
Según indicaron desde el sindicato, “el Grupo El Litoral amenaza con esta batería de medidas contra los trabajadores pretendiendo con esto obligar a su personal a financiar su sociedad con el Grupo Clarín en la planta impresora AGL, la que significó hasta el momento para la empresa una inversión de al menos 10 millones de pesos. Sin ir más lejos mientras pretende reducir salarios y echar trabajadores, esta semana aportará una capitalización cercana a los 500.000 dólares en AGL“, señalaron.
“El conflicto es claramente una consecuencia directa del millonario emprendimiento que ambos grupos empresarios (El Litoral-Clarín) llevan a cabo en el Parque Industrial Sauce Viejo, en el que pusieron en marcha la firma Artes Gráficas del Litoral (AGL), una gran planta impresora donde se imprimen los diarios El Litoral, Clarín, Olé y otros productos. Inversión que, fruto de la propia impericia empresaria, el Grupo Víttori-Caputto ahora no puede afrontar y recurre a presionar a sus trabajadores para financiar los créditos que tomó a tal efecto“, explicaron desde la organización sindical.
Luego recordaron que “hasta el momento, las dificultades de hacer frente a los créditos bancarios ya significaron el pago en cuotas de los aguinaldos y sueldos –sin los aumentos acordados– el no cumplimiento de numerosas obligaciones laborales, a lo que se agrega la presentación de un Proceso Preventivo de Crisis en el que se afirma la intención de reducir en un 20 por ciento el personal –que actualmente asciende a 240 empleados–, reducir salarios y producir suspensiones, entre otras medidas“.
