La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, separó y denunció a dos abogados de la causa por los hijos de Ernestina Herrera de Noble, por considerar que actuaban conjuntamente en representación de la imputada y las presuntas víctimas.
Se trata de Jorge Eduardo Anzorreguy y Horacio Marcelo Silva, a quien la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro apartó de la causa en la que se investiga si Felipe y Marcela Herrera de Noble son hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.
En la resolución firmada el jueves y difundida este viernes, la jueza denunció a los dos abogados por el supuesto delito de "prevaricato", a raíz de haber supuestamente defendido en la causa a una imputada, Herrera de Noble y a posibles victimas, sus hijos adoptivos Felipe y Marcela Noble Herrera.
La decisión es la primera que toma la jueza en el presente expediente, luego de que le fuera otorgada la competencia por la Cámara de Casación Penal, que ya había advertido sobre la irregularidad de los letrados.
Según informó el Centro de Información Judicial, la magistrada concluyó que "ambas asistencias técnicas han efectuado presentaciones en forma concomitante –con cargo de igual fecha y hora- con idéntico objeto y alcance, que sólo se distinguen por la identidad de los signatarios".
Además, Arroyo Salgado no sólo apartó a los abogados sino también que ordenó enviar los testimonios al juzgado en turno, para que evalúe la posible comisión por parte de los abogados separados del delito de prevaricato.
La situación había sido advertida por el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, en su planteo ante la Cámara Nacional de Casación Penal cuando los hermanos Noble intentaron sin éxito frenar un examen en el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el hospital Durand para comparar su sangre y otras muestras con las de familiares de víctimas de la dictadura.
Casación le dio la razón, rechazó el recurso de los Noble por "inadmisible" y poco después la Cámara Federal de San Martín apartó del caso al juez federal de San Isidro Conrado Bergesio y nombró en el cargo a Arroyo Salgado.
La denuncia contra los letrados se enmarca en el articulo 271 del Código Penal y prevé desde multas hasta la inhabilitación para ejercer la profesión.
Ahora la justicia penal de San Isidro deberá investigar si ambos abogados incurrieron en la "representación de intereses contrapuestos" al patrocinar alternativamente a una imputada y sus posibles victimas.
La causa recayó por el momento en el juzgado de Conrado Bergesio, por hallarse de turno, aunque Arroyo Salgado considero en su escrito que este magistrado debería apartarse del caso, luego de ser sacado de la causa Noble por la Cámara Federal de San Martín.
A una semana de hacerse cargo del caso, Arroyo Salgado tiene pendiente ordenar los estudios de ADN en el Durand sobre las muestras de los hermanos Noble.
Esta decisión dependerá de la resolución que tenga en Casación Penal un recurso de queja presentado por la defensa de los hermanos con intención de llegar con el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La sala III del máximo tribunal penal del país quedó hoy en condiciones de comenzar a analizar este planteo, ya que vencieron los plazos para la contestación del mismo por parte de los querellantes.
(Fuentes: Télam/ Agencia Noticias Argentinas)
