La nueva ley que despenaliza el aborto y permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 sin tener que alegar motivo alguno entró en vigor este lunes 5 de julio en España, entre las críticas de la Iglesia católica y el Partido Popular (PP). Desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero salieron a defender la normativa tanto el jefe del Ejecutivo, como la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Algunas de las comunidades gobernadas por el derechista Partido Popular adelantaron que se rebelarán y no la aplicarán.
Es una ley “de prevención, de seguridad y europea”, dijo Zapatero en rueda de prensa con el presidente sirio, Bashar al Asad, según difundió la agencia de noticias DPA. “De prevención, porque está destinada a evitar embarazos no deseados; de seguridad, porque da más garantías a los profesionales y a las mujeres; y europea, porque está en la media de las leyes de países de la UE con gobiernos de todos los colores políticos”, dijo.
Zapatero defendió su constitucionalidad y acusó al PP de tratar de revertir en el Tribunal Constitucional “lo que pierde políticamente en la mayoría social y parlamentaria”.
“Es una ley totalmente garantista que respeta plenamente los límites que se impusieron en su día por el Tribunal Constitucional”, dijo por su parte la ministra de Igualdad.
El hecho de que las adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres, aunque con conocimiento de los mismos, es uno de los puntos más polémicos.
La ley “impone” la “ideología abortista y de género” en el sistema educativo, aseguró la Conferencia Episcopal Española (CEE). “Es necesario recordar que se trata de una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral, en particular la católica”, indicaron los obispos en un comunicado.
El PP de Mariano Rajoy la calificó ayer de “inhumana, inconstitucional e injusta”, mientras el presidente regional de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dijo que “no hay razones para acatar la ley” y dejó la puerta abierta a que la región del sureste español no lo haga.
Según publicó El País, las comunidades gobernadas por el PP se rebelaban. Desde Murcia decían que “no hay razones para acatar la ley”; desde Madrid enfatizaban su protección a los médicos objetores y en Galicia adelantaban que no informarán a las embarazadas. En tanto, Navarra seguirá derivando los abortos a otras comunidades.
