
Organizaciones de defensa de los consumidores expresaron su repudio a la suba de tarifas de la energía eléctrica dispuesta por el gobierno provincial, que regirá a partir de diciembre. “Ilegítima y poco transparente”, fue uno de los calificativos para la medida. Además, se manifestaron dudas respecto del verdadero porcentaje del incremento, que según la información oficial es el 13,4 por ciento pero según una de las entidades de usuarios supera el 20 por ciento.
El Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), a través de su Programa del Servicio Gratuito de Asesoría al Consumidor (Sac), es una de las organizaciones no gubernamentales que repudió la suba de tarifas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El Cesyac reclamó públicamente a la empresa estatal que informe cuál será el aumento real sobre los valores de consumo que los usuarios tendrán como incremento en sus facturas de energía eléctrica a partir de diciembre, al tiempo que desestimó la necesidad del ajuste tarifario.
La entidad informó que un usuario que consume más de 400kWh por bimestre paga alrededor de 140 o 150 pesos, de los cuales 40 o 50 pesos son impuestos, “lo cual hace que el aumento sea mayor al 13,4 por ciento anunciado por la empresa y llegue a superar el 20 por ciento”.
“Los usuarios ya estamos acostumbrados a que nos informen los aumentos de tarifa 15 días antes de que ocurran. Esto es faltar al derecho a la información que la ley del consumidor nos establece, y además dejar sin recursos a las asociaciones para analizar las medidas y proponer alternativas”, dijo el presidente del Cesyac, Juan Marcos Aviano.
También recordó que las autoridades provinciales en ningún momento habían planteado la necesidad de un nuevo ajuste en el servicio eléctrico para el año en curso. “Ya nos dieron la entrada y el postre durante el veranito de este año, cuando en enero y en marzo nos aplicaron un incremento fuerte en la tarifa, y en ese entonces no plantearon la necesidad de otro ajuste durante 2010”, señaló Aviano.
Además, reclamó “más transparencia, más información a los usuarios y que los aumentos sean el resultado último de un debate y una difusión ciudad por ciudad de las inversiones hechas, porque las obras y los montos que se están publicitando son de obras ya hechas”.
Desde la Red Argentina de Consumidores, en tanto, se rechazó “ilegítima y poco transparente” la suba, “dado que los usuarios no fueron informadas en forma cierta, clara y detallada de dicho aumento, según lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional y por el artículos 4 de la ley 24.240 (Protección al Consumidor)”.
A la vez, se recordó que “en Santa Fe aún se encuentra pendiente la implementación de Audiencias Públicas previas a cualquier modificación tarifaria en materia de servicios públicos por falta de decisión política” y que hasta ahora no se cumplió la promesa de campaña de los actuales gobernantes de crear un ente regulador o de control que supervise la calidad del servicio. “Por este motivo se sigue permitiendo que en caso de controversias entre los usuarios y la EPE quien deba resolver sea la Dirección de Comercio Interior de la provincia, quien se convierte al mismo tiempo en juez y parte, violando dicho sistema claramente derechos elementales de los usuarios”, remarcaron desde la entidad.
Otro señalamiento es que “hasta la fecha no se ha regulado un sistema de resarcimiento a los consumidores en caso de interrupciones del servicio, en forma expresa y obligatoria para las autoridades, ya que sólo existió para un caso en particular, generando dicho vacío legal e incertidumbre en los usuarios respecto de qué sucederá en el futuro”.
El pedido de la Red Argentina de Consumidores es que “se aplace cualquier incremento tarifario so pretexto de mayores costos hasta tanto no se transparente a los usuarios en forma pormenorizada sobre la situación de la empresa, a la vez que se convoque a todos los sectores interesados a una Audiencia Pública para debatir no sólo tarifas sino para discutir el servicio en forma integral con el fin de que sea superado el actual régimen”.
“Es sugestivo que nuevamente un aumento se anuncie en vísperas de un fin de semana largo, cuando debería asegurarse la debida información al usuario”, dijo Cristian Galindo, responsable de la organización.
