Delegados del Sindicato Único de Trabajadores Portuarios (Supa) serán recibidos este lunes en Buenos Aires por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Los estibadores le pedirán que gestione ante el gobierno nacional la intervención en el conflicto.
La disputa tiene como protagonistas al gremio, la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR), y el gobierno provincial, a partir de la denuncia de los trabajadores, que advierten que habrá 350 despidos durante el período que lleve construir los muelles en los terrenos que la administración socialista ofreció a TPR como compensación por la decisión de erigir el Puerto de la Música en un predio destinado exclusivamente a uso portuario.
A las 9 de la mañana del lunes próximo los portuarios se reunirán con Moyano, a quien solicitarán que pida la intervención del gobierno nacional en el conflicto. Este viernes, Aybar denunció que el gobierno provincial "no tiene interés en resolverlo o tira la pelota para adelante”. Los estibadores piden que el proyecto del Puerto de la Música se mude a otro sector de la ciudad, o que la provincia al menos firme un compromiso por escrito garantizando que los trabajadores no van a perder sus empleos.
Tal como publicó Redacción Rosario el 29 de abril pasado, los estibadores, que desde una semana antes ya mantenían bloqueado el sector donde debería emplazarse el Puerto de la Música, decidieron tomar la sede del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), “hasta que el gobernador (Hermes Binner) no de una solución de fondo”.
El mismo día de la toma pacífica, Binner pretendió sacarse la presión de encima y manifestó que el conflicto de los estibadores que impiden el comienzo de las obras del Puerto de la Música “se cierra cuando la concesionaria del puerto los pase a planta permanente”, y abogó por la regularización laboral de los trabajadores, sin explicar por qué el representante gubernamental en el Enapro no intervino en ese sentido, y por qué el poder concedente –el Estado santafesino, a través del Ministerio de Trabajo– permitió que TPR, el concesionario privado, tenga a sus empleados en forma irregular.
Aybar, el viernes 30 de abril, señaló a este medio: “El problema lo generó el mismo gobierno provincial, desafectando un muelle productivo como el nuestro. Entendemos que no se pueden desligar así nomás del problema, claro que la empresa tiene responsabilidad en el tema, pero el principal actor que quiere desafectar el muelle es la provincia de Santa Fe. No podemos permitir que nos quiten el muelle porque nos quitan 350 puestos de trabajo”.
Foto: Javier García Alfaro
