La Policía entregó este miércoles al juez federal Norberto Oyarbide el material secuestrado el martes en una oficina que habría utilizado Pablo Schoklender cuando se desempeñó en la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
A su vez, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi recibió la documentación que le remitieron los gobiernos de Santiago del Estero y Misiones, relacionada con los convenios firmados para la construcción de viviendas en el marco del programa “Sueños compartidos”.
Pasado el mediodía, una treintena de bultos con la inscripción “División Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales”, la mayoría con documentación y algunos con computadoras, fueron entregados y acomodados en el juzgado de Oyarbide, en el piso tercero de Comodoro Py 2002 de esta capital.
El juez, con la intervención del secretario Rodolfo Leiva, comprobó que los bultos llegaran cerrados y fajados “para que se respete la cadena de seguridad”, dijeron fuentes vinculadas a la denuncia por supuesta defraudación al Estado, malversación de caudales y asociación ilícita.
En la causa aparecen implicados, además de Pablo y su hermano mayor Sergio Schoklender, directivos de empresas y una treintena de sociedades, entre ellas Meldorek.
El allanamiento fue realizado ayer en Hipólito Irigoyen 1534 a solicitud de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
En un escrito presentado ante Oyarbide por los abogados Eduardo Barcesat y Antonio Rojas Salinas, Bonafini consignó que “dicha unidad fue locada por la fundación que represento y fue utilizado exclusivamente por el coimputado Pablo Schoklender y personas de su absoluta confianza”.
Martínez De Giorgi tiene a su cargo la denuncia promovida por el abogado Jorge Vitale, quien pidió que se investigara si hubo un manejo irregular para que la construcción de viviendas fuera adjudicada a la Fundación.
Chaco, la otra provincia a la que Martínez de Giorgi le solicitó antecedentes “acusó recibo del oficio, pero aún no remitió documentación”. El magistrado también requirió informes a los municipios Almirante Brown, Ezeiza, Tigre y los que comprenden a las ciudades de Bariloche y Rosario.
Oyarbide aguarda el dictamen del fiscal federal Jorge Di Lello (quien se expediría mañana) para decidir si, como se lo pidieron anteayer tres diputados nacionales, dirige la pesquisa contra otros hechos presuntamente ilícitos.
Por otra parte, se conoció hoy que La Auditoría General de La Nación revisará los planes de construcción de viviendas sociales en provincias y municipios realizados a través del programa “Sueños Compartidos”, según informaron fuentes judiciales.
La AGN, que encabeza Leandro Despuoy, fue comisionada para eso por el juez Oyarbide, a cargo de la causa por presunto fraude con dichos fondos púbicos cometido por los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
El informe fue requerido por el fiscal Di Lello como una medida de prueba en la causa, análoga a la pedida por el fiscal Miguel Angel Osorio en otra causa sobre el tema que lleva el juez federal Martínez de Giorgi La AGN es el organismo constitucional para el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, tarea que recae en la principal fuerza de la oposición legislativa, según establece el articulo 85 de la Constitución Nacional.
Oyarbide le había solicitado a la AGN que le envíe las auditorias sobre los programas de viviendas de las Madres pero, como no los había realizado, le amplió el pedido para que lo haga.
Fuente: Télam
