En una entrevista publicada este jueves por el diario español El País, el candidato a la presidencia por la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, afirmó que de llegar al poder derogaría la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“Yo anularé cualquier norma que conspire contra la posibilidad de ejercer la libertad de prensa”, aseguró el radical, quien sostuvo además que “Argentina está aislada política y económicamente” y fundamentó su visión aseverando que el país no ha recibido “visitas importantes” ni inversiones, y que esto se debe –según explicó– a la falta de escrúpulos “en su funcionamiento institucional”.
En sintonía con la subjetividad del radical, para su entrevistador, Jorge Marirrodriga, "un ejemplo de este aislamiento creciente es la sistemática ausencia de una etapa argentina en las giras sudamericanas de los principales mandatarios del mundo, comenzando por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama".
Al comienzo de la entrevista con el diario conservador español, además de manifestar su oposición a la estrecha relación establecida por el actual gobierno entre el Estado argentino y el venezolano, el aspirante del radicalismo a la presidencia aseveró que “el mayor error de los Kirchner es el daño institucional que han causado a Argentina. Un daño que también tiene efectos económicos”.
Alfonsín sugirió que el gobierno nacional carece de una política exterior eficaz: "No ha habido visitas importantes mientras que nuestros vecinos sí las han recibido”, se quejó, y agregó que “estamos aislados no solo en términos políticos, sino también económicos", lo cual se explica –al decir del radical– en que “un país que no es muy escrupuloso en su funcionamiento institucional no genera confianza".
El hijo del fallecido ex presidente de la Nación, se refirió también al presunto desfalco cometido por los hermanos Schoklender contra la fundación Sueños Compartidos –segmento de la entrevista introducido oportunamente por Marirrodriga como “el último gran escándalo de corrupción que salpica la Administración argentina”– al aseverar que “más allá de la responsabilidad de Schoklender, habrá que investigar si hubo protección o complicidad por parte del Estado”.
