El presidente uruguayo, José Mujica, firmará este jueves un decreto mediante el cual serán anulados todos los actos administrativos que amparan casos de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura e impiden el juzgamiento de los represores.
El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, transmitió el lunes pasado en conferencia de prensa la decisión del presidente José Mujica y del Consejo de Ministros de dictar un decreto por el cual se revoque "por razones de legitimidad" todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo en aplicación del artículo 3º de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –conocida popularmente como ley de impunidad– que impedía el juzgamiento de esos crímenes.
Breccia explicó que este decreto se hace en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman. "Estimamos que estamos cumpliendo con un deber ético pero también con lo que establece la sentencia", dijo.
En este sentido, la decisión de Mujica permitirá la reapertura de unas 88 causas por crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y policías entre 1973 y 1985.
Según indicó Breccia, "pueden existir algunas situaciones particulares que hagan que algunos de los denunciantes que comparecieron oportunamente ante la Justicia pretendan actuar de forma diferente y que sus casos no sean excluidos". En ese sentido, dijo que "aquellos eventualmente interesados pueden expresar una señal discordia" aunque estimó que eso no se producirá.
"Pero no queremos actuar en contrario de la voluntad de los interesados", concluyó. Con anterioridad, el Ejecutivo revocó el caso de Álvaro Balbi a solicitud de su esposa, la actual militante comunista Lille Caruso.
En cuanto a otros aspectos del fallo de la Corte, el secretario de Presidencia explicó que junto con el canciller, Luis Almagro, y el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura se está haciendo "un análisis exhaustivo" a los efectos de cumplirlo en todos sus términos.
Además, adelantó que está previsto "incrementar las facultades" de la Comisión de Seguimiento y que el Ejecutivo solicitó al Ministerio de Defensa Nacional y a la Suprema Corte de Justicia que se habilite el acceso de los archivos vinculados a la dictadura a los investigadores que trabajan en dicha comisión en convenio con la Universidad de la República (Udelar).
Se trata de las fichas clínicas de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de las fichas judiciales.
El anuncio se produjo en el día del 38º aniversario del inicio formal de la dictadura y de la huelga general de los trabajadores, que este lunes fue conmemorada en la explanada de la Universidad de la República y en un acto del PIT-CNT en el que se celebró la medida.
Fuente: La Diaria
