La Cámara Federal de Mendoza confirmó este martes el procesamiento del camarista Otilio Romano por 17 acusaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad en la última dictadura, cuando era fiscal federal de esa provincia.
Según el fallo difundido, el tribunal de apelaciones revocó además la falta de mérito de la que gozaba el camarista y lo procesó por evitar desde la obligación de su cargo, impulsar la persecución y enjuiciamiento de delincuentes, en el caso de una víctima, Rebeca Manrique Terrera.
En la causa donde ya está procesado por otros 76 hechos, se lo acusa de "presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal", según consta en el fallo.
Se trata de delitos cometidos por personal de las fuerzas armadas y de seguridad entre 1975 y 1983 "facilitando de tal modo la impunidad de los responsables de dicho plan y la continuidad del mismo, en las presuntas torturas y privaciones ilegítimas de la libertad", sostuvieron los jueces en su decisión.
Los camaristas justificaron su decisión al sostener que el método acordado, concordante con el plan sistemático implementado en la llamada lucha antisubversiva, fue no hacer, no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables, es decir no cumplir con su obligación.
"Los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la Justicia Federal de Mendoza le aseguraban una zona liberada jurisdiccional", según constaba en el fallo.
Los magistrados argumentaron que en la dictadura hubo una "reiteración sistemática de este no hacer en todas las causas judiciales: la declaración y asunción de la competencia federal, el rechazo de los habeas corpus, la no realización de medida investigativa alguna en las causas por la privación ilegítima de la libertad".
Los jueces consideraron que "este fue el aporte sustancial del juez federal subrogante (Luis) Miret y del fiscal federal Romano al plan represivo, siendo lo que nos conduce a sostener que existen pruebas que en este estadio procesal señalan que los procesados eran parte del plan".
Luis Miret, quien era camarista, fue destituido por el Consejo de la Magistratura tras un jury de enjuiciamiento donde se lo encontró culpable de hechos vinculados a causas por delitos de lesa humanidad.
"La actuación de Romano, al igual que la de Miret, fue concomitante con el inicio del plan y permaneció sostenida durante la ejecución de aquél", concluyeron.
Fuente: Télam
