Tras la represión en Jujuy, el gobernador de esa provincia, Walter Barrionuevo, cambió al ministro de Gobierno y envió un proyecto de expropiación de tierras a la legislatura. Movimientos sociales y organismos de derechos humanos repudiaron el violento desalojo que arrojó el saldo de cuatro muertos.
Barrionuevo designó este viernes en forma interina en el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia a Hugo Echavarri, quien se desempeña como secretario del Interior de la Provincia.
Echavarri reemplazará a Pablo La Villa, a quien el gobernador le aceptó anoche su renuncia, se informó oficialmente.
Desde Casa de Gobierno se informó además que el gobernador envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Expropiación de Tierras.
Repudios a la represión
En Rosario, además de realizarse una movilización de apoyo a los familiares y compañeros de las víctimas de la represión en Jujuy, numerosas organizaciones repudiaron el violento desalojo y exigieron “juicio y castigo a los responsables”.
Entre otras voces de repudio, se pronunciaron desde la CTA Santa Fe, ATE Rosario, el Frente Darío Santillan, el Frente de Organizaciones de Base (FOB), APDH, HIJOS Rosario y la CTA local.
En tanto, movimientos sociales y de derechos humanos de la Capital Federal también reprobaron los hechos de violencia que causaron cuatro muertos en los terrenos aledaños al Ingenio Ledesma.
La entidad Abuelas de Plaza de Mayo recordó que este episodio se produjo "a pocos días de conmemorarse el 35° aniversario de `La noche del apagón`, cuando la empresa Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, aportó camiones e instalaciones para el secuestro y la tortura de cientos de trabajadores y militantes, de los cuales treinta continúan desaparecidos".
"Nos llama la atención esta brutal respuesta contra más de setecientas familias que reclamaban tierras, dado que la represión nunca ha sido una política promovida por el gobierno nacional", añadió la entidad.
El Movimiento Evita sumó al repudio la exigencia de una investigación que establezca "las responsabilidades materiales e intelectuales", incluidas las de la empresa Ledesma.
"Reafirmamos la no represión de la protesta social, que desde el 2003 a esta parte ha sido política de Estado de nuestro Gobierno Nacional", agregó la organización en un comunicado.
También el Frente de Organizaciones Independientes jujeñas, conformado por una docena de agrupaciones, condenó "la brutal represión con balas de plomo y el asesinato alevoso de cuatro personas, tres trabajadores, entre ellos integrantes de la Corriente Clasista y Combativa, junto a un joven policía".
"En los hechos intervinieron policías uniformados, de civil y encargados de la seguridad privada de la empresa Ledesma", que "codirigieron la represión", aseguró el nucleamiento.
En parecidos términos se pronunció el sector de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) conducido por el estatal Pablo Micheli, que participaba hoy junto a otras organizaciones sociales y políticas en una "jornada nacional de protesta y lucha".
Por su parte, el titular de la CTA, el docente Hugo Yasky, exigió que "se terminen estos hechos" porque "enrarecen el clima político".
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) expresó su solidaridad "con el pueblo jujeño, con los familiares de las víctimas, los heridos y reprimidos", y señaló: "no podremos estar en paz si no son juzgados y condenados los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes".
A su vez, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) liderada por Luis D`Elía sostuvo que "la defensa de la propiedad privada de los Blaquier (la familia propietaria del ingenio Ledesma) no merece que se derrame ni una sola gota de sangre argentina".
En un comunicado, también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó la intervención del Estado nacional "para garantizar que no se produzcan nuevos hechos de violencia".
Organismos de derechos humanos de Córdoba manifestaron un repudio similar mediante un comunicado firmado por Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación de Ex Presos Políticos Córdoba e H.I.J.O.S.
"Acompañamos a los sectores organizados de la provincia que rechazan la represión como respuesta a los conflictos sociales", apuntó el documento conjunto y señaló que "el escenario de los hechos, en un predio que pertenece a la familia Blaquier, propietarios del monopolio Ledesma, (…) arrastra la más oscura de las historias en la Provincia de Jujuy".
“El violento desalojo del predio en la localidad de Libertador General San Martín ‒señaló un documento difundido por las regionales de Rosario y Capital Federal de HIJOS‒, no ocurrió en cualquier contexto y lugar: se da en el marco de una toma de los pobladores a causa de la falta de viviendas y de un conflicto salarial de los trabajadores de la empresa propietaria del predio, el Ingenio Azucarero Ledesma. Además, se produce en el marco del 35º aniversario de La noche del apagón, cuando la empresa Ledesma aportó sus camiones e instalaciones para el secuestro, tortura y desaparición forzada de cientos de trabajadores, estudiantes y otros militantes. Eran alrededor de 400 y 30 de ellos continúan desaparecidos”.
Foto: http://www.ellibertario.com
