A más de un año de las denuncias efectuadas por profesionales y empleados del Hogar del Huérfano que advertían sobre posibles casos de abuso contra menores dentro de esa institución, el Estado provincial resolvió recurrir a la Justicia luego de que se sumaran nuevos indicios que apuntan en esa misma dirección.
Los primeros cuestionamientos sobre el funcionamiento del hogar trascendieron en 2007 cuando la psicóloga Silvia Lampugnani, despedida ese mismo año, había presentado una denuncia que ya alertaba sobre la posibilidad de que se estuvieran cometiendo ese tipo de delitos dentro del Hogar del Huérfano de Rosario.
Durante los años subsiguientes trascendieron graves y diversos cuestionamientos contra el personal de la institución. A comienzos de 2010, dos psicólogas, una fonoaudióloga, la coordinadora y una empleada de la institución, presentaron una denuncia ante la Dirección Provincial, solicitando una investigación al respecto.
Las denuncias formuladas por las psicólogas Eugenia de Loredo y Lucrecia Di Paolo junto a la coordinadora María Alejandra Nodari –todas despedidas del Hogar del Huérfano– daban cuenta de maltratos hacia niñas y niños, además de negligencia en el suministro de medicación y de distintas situaciones que hacían pensar sobre posibles casos de abuso y corrupción de menores.
Las causas judiciales que se abrieron a partir aquellas presentaciones quedaron radicadas en los juzgados de Instrucción 7ª, a cargo de Alejandra Rodenas, y en la Correccional 8ª pero ninguna de ellas prosperó. El cajoneo de las denuncias fue justificado en su momento por Rodenas, quien alegó la ausencia de elementos "verosímiles" y desestimó los testimonios de quienes daban cuenta de prácticas non sanctas en el hogar.
Sin embargo, el escándalo no quedó del todo en la nada, ya que originó la intervención de la institución por parte del Estado provincial hace poco más de un año y que ahora, a raíz de una nueva serie de indicios que apuntan en el mismo sentido, presentó una denuncia penal.
La misma ingresó el pasado lunes a la Unidad de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Guillermo Corbella y será elevada este miércoles al fiscal de Instrucción en turno, Aníbal Vescovo.
Entre las evidencias más recientes, se halla el testimonio de un chico –ex asilado del hogar– quien describió aberrantes situaciones vividas durante su residencia, responsabilizando a una buena parte del personal de la entidad que actualmente tiene a cargo la guarda de unos cien menores.
