La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, y el titular de la comisión de Agricultura, el radical Juan Casañas, se erigen como los principales obstáculos para que tenga lugar el plenario sobre la ley de tierras.
La difícil tarea de las negociaciones para llegar a quórum podría complicar el tratamiento del proyecto de Ley de Tierras hasta después del 23 de octubre. Es que más allá de la convocatoria y del compromiso asumido por la cúpula del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y del visto bueno del Frente Amplio Progresista (FAP), hay opositores que se niegan a realizar el tratamiento desoyendo tanto los pedidos de la presidenta Cristina Fernández como de la presidenta de la Comisión de Legislación General, Vilma Ibarra.
Específicamente quienes están trabando las negociaciones son algunos de los integrantes tanto del bloque Radical como del Peronismo Federal. Lo que ocurre es que tanto el presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado radical y dirigente rural tucumano Juan Casañas, como de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista disidente Graciela Camaño, se esconden para no comprometerse con este tema, informó en un artículo publicado este lunes el diario Tiempo Argentino.
En este marco, Casañas aseguró una semana atrás que “en caso de abordarse la discusión entre todos los sectores, recién tendrá lugar después del 23 de octubre, nunca antes”. La palabra del agrodiputado que acompañó como vicegobernador en la fórmula del Acuerdo Cívico y Social al senador José Cano en Tucumán fue sepultada pocos días más tarde por el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la cúpula del bloque de su propio partido.
Dentro de esta coyuntura, y a la luz de las dificultades que atraviesa el radicalismo puertas adentro tras su performance en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y obligatorias (PASO), desde el bloque del Frente para la Victoria advierten: “No sabemos qué hará Casañas. Tenemos un acuerdo de palabra con el bloque de la UCR. Ellos se comprometieron a bajar.”
Por su parte, Graciela Camaño decidió jugar a las escondidas, no contestar ninguno de los llamados desde la Comisión de Legislación General y convocar sorpresivamente a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para el miércoles a las 10 de la mañana, media hora antes que el plenario convocado por Ibarra, para debatir los proyectos sobre boleta única.
La idea primigenia de la oposición era convocar para el 7 de agosto y llegar con un dictamen que unifique los cinco proyectos en danza. Sin embargo, a último momento hubo un cambio de planes que desde uno y otro sector atribuyen tanto a la posibilidad de impedir que se lleve a cabo el plenario para tratar la ley de tierras, como a la facilidad de contar con todos los diputados que luego asistirán a la sesión de temas acordados prevista para esa tarde.
El escenario para que avance la ley de tierras sigue siendo complejo. Si bien es cierto que tras el resultado de las PASO algunos bloques optaron por desistir de la oposición sistemática como estrategia hay legisladores y bloques que persisten en la postura.
En este caso, la exigencia reglamentaria para que el plenario pueda llevarse a cabo señala la necesidad de que las tres comisiones convocadas cuenten con quórum. Sin embargo, el reglamento también plantea la posibilidad de tratar los temas del orden del día con tan sólo un tercio de los diputados de cada comisión presentes.
Más allá de los vericuetos reglamentarios y de las declaraciones públicas de algunos de los sectores de la oposición en cuanto a la necesidad de tratar el proyecto enviado por el Ejecutivo, la realidad muestra que las piedras siguen en el camino y que el trámite de la ley de tierras no será sencillo, por los menos hasta el 23 de octubre.
