Vecinos del asentamiento de barrio La Cariñosa, que fueron intimidados judicialmente a desalojar el terreno al igual que otras 30 familias que habitan una casona céntrica, piden que el Estado se responsabilice ante la problemática habitacional en la ciudad.
Vecinos del asentamiento de Avellaneda entre Lamadrid y Circunvalación, del Barrio La Cariñosa fueron intimados el día 29 de agosto pasado por medio de cédulas a presentarse ante la Justicia para notificarse de una acción de desalojo.
En tanto, algunas de estas intimaciones llegaron a familias que habían sido censadas con posibilidad de reubicación por el ensanche de la avenida Circunvalación 25 de mayo, como así también a familias que están ocupando terrenos aledaños a las vías del ferrocarril.
Asimismo, el demandante es Armin J. Reutemann y las intimaciones fueron firmadas por el señor Juez de Primera Instancia Dr. Armando Bonino.
Mariela Smith, vecina del asentamiento, manifestó que su voluntad es la de dejar el terreno pero considerando que el Servicio Público de la Vivienda de respuesta a las 400 personas que quedarían en situación de calle. “El terreno tiene un dueño, es su propiedad y nos tenemos que ir. Mañana vence el plazo para el desalojo pero aparentemente se va a frenar hasta que la municipaldad se haga cargo”, indicó Smith.
La misma situación atraviesan un grupo de familias humildes que se encuentran viviendo en un inmueble de calle San Luis 1038 planta baja y alta, que funcionaba como pensión y les ha llegado una intimación judicial de desalojo.
En ese sentido, el edil por Proyecto Sur, Alberto Cortés, solicitó al Ejecutivo Municipal que por medio del Servicio Publico de la Vivienda, elabore un plan a fin de atender el problema habitacional de las familias afectadas en ambos desalojos y también se dirija al Gobierno de la Provincia, a los fines que la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo intervenga en ambos casos a fin de gestionar la implementación de una solución habitacional a las familias afectadas.
La situación de las familias que ocupan este asentamiento en la mayoria de los casos datan de largos años, y que “a pesar de ello no existe una política suficiente de regularización de los dominios o de reubicación dejando así negados uno de los derechos humanos impostergables establecidos en nuestra Constitución Nacional y en los Pactos internacionales a los que adhiere y que le dan jerarquía internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuyo Comité de aplicación señala que en las situaciones de desalojo no puede haber lugar a que las personas queden en la calle y que el Estado debe asegurar las garantías de las personas afectadas", indicó Cortés.
Desalojo en la pensión
Respecto al desalojo en la casona céntrica, son alrededor de 30 las familias que viven en el lugar compuestas por niños, ancianos y también personas con discapacidades. En su mayoría son desocupadas o subocupadas, trabajadores precarizados y vendedores ambulantes.
El inmueble “funcionaba como pensión y las familias que viven allí pagaban un alquiler por las habitaciones del lugar, ya que el mismo era accesible en costo, forma y condiciones de pago”, indicó Cortés.
En tanto, los residentes del lugar señalaron que “al recibir la intimación de desalojo, la persona que les rentaba el lugar dejó de tener todo contacto con nosotros , incluida la cobranza de los alquileres, por lo cual en este momento nos encontramos como Okupas”.
Por su parte, es preciso indicar que , “el inmueble que ocupan, se encuentra deteriorado, en condiciones inhabitables, incluso con presencia de roedores e insectos, habiendo sufrido clausuras por parte del Municipio”, informó el edil del socialismo auténtico.
