El gobierno chileno anunció que demandará a la Justicia la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado –decretada por Augusto Pinochet en diciembre de 1973– para frenar las protestas que los estudiantes mantienen hace más de seis meses en reclamo de una educación libre y gratuita.
El Ejecutivo chileno asegura que aplicará ley de seguridad del Estado para frenar los disturbios que adjudicó a los estudiantes, después de una jornada de manifestaciones en Santiago que se vieron teñidas de acciones de violencia por parte de un reducido grupo de encapuchados.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que la ley de seguridad del estado se usará para imponer sentencias más rígidas a los “revoltosos”.
El funcionario calificó las acciones como de una "violencia asesina y criminal", y agregó: "Hemos visto demasiada violencia, demasiada falta de respeto por los chilenos que simplemente quieren tener una vida normal, demasiada destrucción sin sentido, demasiada agresividad irracional, demasiado odio".
La Ley de Seguridad del Estado que pretende utilizar el Gobierno de Piñera implica el agravamiento de las penas, tipifica los delitos contra el orden público, como "desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública".
La norma, invocada en numerosas ocasiones durante la dictadura, considera entre los delitos contra el orden público la "destrucción, inutilización, paralización, interrupción o daño de elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos".
Esta ley está prevista en la legislación chilena para que se aplique cuando la seguridad del Estado peligra y fue decretada por Augusto Pinochet Ugarte en diciembre de 1973 (tan sólo dos meses después del golpe militar que derrocara al gobierno constitucional de Salvador Allende).
Po su parte, el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Cristóbal Lagos, aseguró que la medida de Ejecutivo es otra estrategia para quitar el foco de las demandas del Movimiento Social por la Educación.
"Es lamentable la decisión que tomó Rodrigo Hinzpeter. Lo que quiere hacer La Moneda es desviar la atención. Hoy el 90 por ciento de los chilenos está a favor de nuestras demandas, y ellos han impulsado una agenda en contra de ésas. Con esto se quiere criminalizar al movimiento estudiantil para no enfocarse en las demandas de fondo", advirtió.
No es la primera vez que Piñera busca judicializar la protesta estudiantil. De hecho, impulsa una reforma al Código penal, que castigaría con cárcel a quienes ocupen edificios públicos y/o privados.
La iniciativa transforma en delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles". De aprobarse esta iniciativa gubernamental, los estudiantes que participen en tomas de establecimientos educacionales, como colegios, liceos o universidades podrían ser condenados a tres años de prisión.
Las protestas estudiantiles comenzaron a inicios de mayo, en reclamo por los altos costos de la educación en Chile, que cuenta con uno de los sistemas educativos más privatizados del mundo, tras las reformas aplicadas por la dictadura de Pinochet.
