La Cámara de Diputados aprobó este viernes el proyecto de ley que busca limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de extranjeros y el que procura revertir el manejo monopólico que desde hace décadas tiene la producción, comercialización y distribución del papel para diarios.
En una sesión que se extendió por casi un día completo, la Cámara aprobó además sendos proyectos de ley contra el lavado de dinero y contra el terrorismo, enviados por el Ejecutivo a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). El deseo del gobierno de arrancar 2012 sin mayores asignaturas pendientes en el Congreso queda así a un paso de materializarse.
La llamada Ley de Tierras fue aprobada en general por 153 votos a favor y 26 en contra, en lo que fue una sesión maratónica.
Desde el oficialismo, el diputado Luis Cigogna, titular de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, sostuvo que la iniciativa no tiene "ánimo xenófobo" ni apunta "a discriminar en contra de extranjeros" sino que busca "reservar un recurso que es estratégico y no renovable para los argentinos".
"Pensamos en la soberanía alimentaria de los argentinos, en nuestro presente y en el futuro de nuestros hijos", enfatizó Cigogna, quien aclaró además que el texto "no invade facultades de las provincias", como había cuestionado la oposición.
La iniciativa recibió el apoyo del bloque del Frente para la Victoria; Unión Peronista, la bancada que conduce el diputado Felipe Solá; el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el FAP, el radicalismo y algunos de la CC-ARI.
Al cierre del debate, el titular del bloque de diputados del oficialismo Agustín Rossi, pidió la palabra para reconocer el trabajo realizado por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, como ministro de Agricultura para la elaboración de esta iniciativa.
Se trata de uno de los proyectos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que el Congreso aprobara, en el discurso que pronunció el sábado último, al reasumir la jefatura de Estado.
En el marco del debate, la diputada del Frente para la Victoria de Córdoba, Nora Vedano, dijo que con esta norma se busca que la tierra argentina "quede en manos de los argentinos, para que sirva para la productividad y también para la construcción de viviendas".
Desde el radicalismo, el diputado Pablo Orsolini, destacó la importancia de sancionar una ley para limitar la extranjerización de tierras, al sostener que se trata de "un primer grano de arena para comenzar a frenar la concentración de la tierra".
Por el FAP, el diputado del GEN, Omar Duclós, sostuvo que se trata de un tema "verdaderamente urgente", al asegurar que "a todos nos preocupa el avance en la extranjerización" y enfatizó que "estamos ante un proceso acentuado y es necesario detenerlo para preservar este recurso estratégico".
En tanto, el diputado de la Coalición Cívica-ARI, Horacio Piemonte, consideró que se trata de una ley que tiene "un valor fundamental para evitar que la Argentina siga siendo zona de remate", al anticipar el respaldo de ese bloque en general a la iniciativa aunque adelantó que planteará disidencias parciales.
Felipe Solá, del bloque Unión Popular, consideró que la norma "es un punto de partida" y destacó la necesidad de avanzar en el texto, al advertir que "la crisis hace que los capitales puedan llegar en un número inusitado y sin que nadie pueda preveerlo" y dijo que "lo que importa es que el objetivo está logrado".
La norma enviada por el Poder Ejecutivo había recibido el martes dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside Cigogna; Asuntos Constitucionales, a cargo de Diana Conti y de Agricultura, presidida por Luis Basterra.
El texto tomó como base la propuesta que el Poder Ejecutivo envió a la cámara en abril pasado e incorporó modificaciones planteadas por la mayoría de los bloques, como el que redujo, por ejemplo, del 20 al 15 por ciento el porcentaje del territorio nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera.
Además, según el texto -que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos- de ese 15 por ciento total no podrá haber más del 30 por ciento en manos de "personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad".
La iniciativa establece que las tierras en poder de extranjeros "no podrán superar las mil hectáreas o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales".
El proyecto, en su artículo 11, advierte que se "atenderán los tratados bilaterales de inversión suscriptos por Argentina", vigentes a la entrada en vigor de la ley y que "no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable".
A través de la iniciativa, en tanto, se crea un Registro Nacional de Tierras Rurales que realizará un relevamiento catastral y dominial y un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
La norma fija además excepciones para aquellos extranjeros "unidos en matrimonio con ciudadanos argentinos" o que "tengan más de 10 años de residencia permanente y probada" y establece estrictas prohibiciones para la venta de superficies que "contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes".
"El espíritu y la letra del proyecto no sólo apunta a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros", enfatizó el texto en los fundamentos.
Escrito sobre papel
La iniciativa del Poder Ejecutivo consiguió 134 votos a favor, provenientes del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y otros partidos, en tanto que los bloques opositores sumaron 92 rechazos, y hubo 13 abstenciones.
El proyecto, que se debatió durante más de siete horas, busca "asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario", tanto a personas físicas como jurídicas con domicilio en el país.
Entre otras cuestiones, el dictamen establece además que la empresa Papel Prensa "deberá operar a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel" y presentar cada tres años un plan de inversiones tendientes a satisfacer la demanda interna de papel de diarios.
La sesión se reanudó pasadas las 12.30 y la oposición llevó al recinto cinco dictámenes de minoría: uno de la UCR, uno del Frente Peronista, uno de la Coalición Cívica, uno del PRO y el restante de Proyecto Sur.
Durante el debate, oficialistas y opositores se pronunciaron a favor y en contra de la iniciativa del Ejecutivo, en una sesión en la que se limitaron los tiempos de oratoria para evitar la extensión desmedida de la deliberación.
La diputada Juliana Di Tullio, en rol de miembro informante por ser titular de la Comisión de Comercio, abrió el debate del proyecto, que en su articulado hace referencia al informe "Papel Prensa, la Verdad", elaborado por la Secretaría de Comercio Interior en 2010.
"En la distribución del papel existió y existe una inequidad absoluta en dos grandes objetivos expresados en el dictamen de mayoría: el acceso igualitario a ese bien preciado que necesitan los diarios y en el precio único para que no haya diferencias entre grandes y pequeños medios", advirtió Di Tullio.
La iniciativa "cuida, resguarda y promociona la libertad de expresión en el país", dijo la legisladora, y concluyó: "Creo que ningún político que tenga origen democrático y popular puede no acompañar este proyecto".
En nombre del radicalismo, el presidente del bloque, Ricardo Gil Lavedra, dijo que "en este debate ha sido demostrada la sinrazón del proyecto del Poder Ejecutivo", y sostuvo que "la iniciativa tiene nombre y apellido y está dirigida a una sola empresa que es Papel Prensa".
"Estamos discutiendo si cada uno tiene el derecho a expresarse con libertad", expresó, al tiempo que agregó que "en 2011, cuando se ve que va a desaparecer el papel, cuando van a ser reemplazados por la tecnología, ésta discusión parece ridícula".
Por el Frente Amplio Progresista, el titular de la bancada, Juan Carlos Zabalza, dijo que "el tema de la libertad de expresión no contempla la existencia de monopolios estatales o privados", y recordó que "durante años la empresa monopólica Papel Prensa ha cometido innumerables abusos, que, es cierto, podrían haberse evitado si el Estado hubiera actuado".
Sin embargo, justificó el voto en contra al señalar que "el Ministerio de Economía tiene facultades exorbitantes para controlar esta ley" y que "el Congreso no debería tener el objetivo de controlar la actividad, sino el de controlar a la autoridad competente".
El discurso final del Frente Peronista estuvo a cargo de Gustavo Ferrari, quien anticipó que "mucho se dirá sobre la inconstitucionalidad de esta norma, sobre los derechos a la libertad de expresión".
Sobre los dichos de Ferrari y de otros diputados que vaticinaron que el tema llegará a la Justicia, el kirchnerista Carlos Moreno consideró como "de un terrible retroceso que diputados de estas bancas digan que a esto lo van a agarrar los jueces o la Corte".
"El tema de papel para diarios en Argentina es un despojo que comenzó en 1976 con la puesta en marcha de Papel Prensa, en una continuidad que dejó a muchas familias de los diarios del interior en el camino", enfatizó.
Entre los aliados al gobierno, el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, dijo que el voto a favor de la ley va "más allá de las amenazas de invisibilización, o a que nos silencien en algunos medios de comunicación".
"No vamos a ser parte de los que canjean representación democrática por centímetros en diarios o minutos en televisión", expresó.
Los bloques Unidad Peronista y Proyecto Sur, integrados cada uno por tres diputados, se abstuvieron en la votación del proyecto por coincidir con la cuestión de fondo de la iniciativa, pero no con la forma en que se implementan algunas cuestiones.
Fuente: Télam
