El juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni sostuvo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) “es un organismo que se toma atribuciones que no tiene” y que “extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero”.
En un reportaje concedido a Radio Nacional Córdoba, el juez afirmó que la sanción obligatoria de esas normas “es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas”. Dichos que ratificó también en declaraciones realizadas a la agencia DyN.
“El Gafi recomendó que esa ley se transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta Ley Antiterrorismo”, sostuvo Zaffaroni.
La norma, que fue aprobada en el Senado por 39 votos a 22 el pasado jueves, considera como delito de terrorismo los actos “que sean cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligue al gobierno nacional o extranjeros a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Zaffaroni reiteró lo dicho unos días antes de que se aprobara la ley: “el Gafi nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes nos va a sancionar económicamente”.
El ministro del máximo tribunal fue aun más crítico al sostener que “este organismo se ocupa solamente de garantizar que el lavado de dinero se haga en el hemisferio norte”.
La semana pasada, antes de la aprobación de la ley, el juez había definido como un “disparate” la llamada Ley Antiterrorista, y considerado que la norma es “una extorsión” por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. Consideró que “para nada” la Argentina necesita una norma como la que aprobó el Congreso.
Fue el ministro Florencio Randazzo quien entonces salió al cruce del magistrado: “No conozco la opinión del doctor Zaffaroni, pero está claro que la ley de antiterrorismo era una exigencia del Gafi que tiene precisamente el sentido de establecer delitos que no estaban tipificados en el Código Penal cuando ocurren hechos de terrorismo que van en perjuicio del pueblo”, explicó. Y calificó como “un disparate” la versión de que la Ley Antiterrorista pueda ser aplicada contra los medios de comunicación o protestas sociales.
El funcionario contradijo así al jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, quien había manifestado que la prensa podría ser acusada de hacer terrorismo por difundir información que pueda generar un golpe de mercado.
Randazzo advirtió que en la norma aprobada por la mayoría kirchnerista en el Congreso “está precisamente explicitado en la ley que no se comprende a los Derechos Humanos, los derechos sociales y al resto de los derechos constitucionales como el derecho a la información, y muchos menos vinculada a la protesta social”.
Fuente: Tiempo Argentino
