El operativo comenzó minutos antes de las 7 de la mañana de este lunes. Varios camiones volcadores y hasta una grúa fueron desmontando la mayor feria del país, conocida como La Salada, respaldados por tropas de Gendarmería y sin que se registraran incidentes con los puesteros.
La orden para desalojar estos puestos data de noviembre de 2009 y fue dada por Luis Armella, el juez a cargo de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema que dispone que Nación, Ciudad y Provincia lleven a cabo un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Personal de Gendarmería Nacional y de la Policía Bonaerense e inspectores de la Municipalidad de Lomas de Zamora se dispusieron para desmontar los puestos de la feria integrante del complejo de La Salada que bordea el Riachuelo, en el sur del conurbano bonaerense.
"El desalojo comenzó alrededor de las 7 y para intimidar a la gente y evitar cualquier medida, la Municipalidad de Lomas de Zamora logró desplegar en el lugar a unos 300 gendarmes", dijo a Juan Grabois, abogado representante de dos de las cooperativas que participan en los puestos, Cooperativa La Ribera y Cooperativa 17 de Noviembre.
"El desalojo es ilegal, se trata de una medida administrativa ordenada por el municipio, que según dicen está respaldada por el juez (de Quilmes) Luis Armella", agregó.
El abogado remarcó: "A mí no me mostraron ninguna orden. Aquí hay gente dispuesta a resistir".
La feria se encuentra constituida en general por vecinos del lugar y puesteros independientes, que se ubicaron en la zona después del auge de las ferias Punta Mogotes y Urkupiña, y no cuentan con la habilitación correspondiente.
En un comunicado de la Cooperativa La Ribera, los feriantes acusaron a la Municipalidad de Lomas de Zamora de “haber llegado a un acuerdo espurio” con los propietarios de las ferias Urkupiña y Punta Mogote para desalojarlos, y de haber “presionado violentamente a los feriantes y armadores para que firmen un desalojo voluntario e ingresen como mano de obra en negro en Urkupiña”.
La versión judicial es que la medida se dictó para poder abrir el camino de sirga, una calle o camino público de 35 metros de ancho que, según establece el Código Civil, debe existir junto a las orillas de los ríos o canales. En el caso del Riachuelo, este espacio no se respeta y para hacerlo, el juez ya ordenó liberar la costa de industrias y asentamientos.
