Este jueves se hizo público que la red de trata y prostitución que funciona en México y en Argentina comandada por el ex espía de la Side, Raúl Luis Martins Coggiola, "financió la campaña de Mauricio Macri" en 2011. La denuncia penal fue realizada por Lorena Martins, hija del proxeneta y tratante.
La Fundación Alameda hizo pública la denuncia penal radicada por Lorena Martins ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (Ufase) y Trata de Personas. La denunciante no sólo apunta contra su padre por regentear una red de trata y proxenetismo, sino también al jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri por recibir para su campaña política para su reelección como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires 10mil dólares procedentes de Martins.
Este fraudulento financiamiento, según la Fundación, fue para que "los prostíbulos puedan seguir funcionando y consigan sus habilitaciones sin respetar las más mínimas medidas de seguridad". El mismo quedó demostrado en un correo electrónico que recibió Lorena Martins, donde están involucrados Pablo Paternostro, pagador de las coimas a los funcionarios e inspectores del PRO. Este sujeto es quien llevó los diez mil dólares a la sede del CGP 7, donde Lorena Martins es testigo del pago.
Quien recibe el aporte para la campaña de reelección, es Raúl Oscar Ríos, ex Titular de AGC (Agencia Gubernamental de Control) y dirigente de futbol amateur del Club Boca Juniors. Junto a Ríos se encontraba el inspector de habilitación José L. Alonso. Ese día Lorena y Ríos cruzan llamadas telefónicas previas al encuentro.
En conclusión las pruebas son el IP de las computadoras y los celulares de Lorena y Ríos.
En otro mail quedó demostrado con precisión el tarifado de la coima, que Alonso le exige a Martins, mediante su lugarteniente Paternostro.
La Fundación, que acompaña a la denunciante y a los testigos como víctimas de la mafia prostibularia y tratante de Martins, publicó además una foto en la que Macri y su esposa Juliana Awada (que carga con una denuncia en su contra por trabajo esclavo) aparecen dentro de un cabaret de Martins en México, más precisamente en Cancún en el prostíbulo “Mix” también sede de operaciones de “Los Zetas”, sangriento cartel de narcos mexicanos.
“El hombre sentado a la derecha del jefe de Gobierno es nada menos que Gabriel Conde, procesado y prófugo de la justicia por regentear a fines de la década del ’90 el prostíbulo Shampoo donde explotaban mujeres traficadas de Brasil y República Dominicana”, describió la Fundación dando con el sujeto que vincula a Macri con Martins, amigo de ambos. En este sentido La Alameda aclaró que “Gabriel es el hijo de Luis Conde, quien creó Shampoo y fue un reconocido dirigente del club Boca Juniors. Luis llegó a la vicepresidencia de Boca y fue aliado de Mauricio Macri para que éste obtuviese la presidencia del club xeneize”.
Al texto se debe sumar una declaración oral ante el fiscal Marcelo Colombo que alcanzó cerca de dos horas y media. Todos estos datos fueron remitidos al Juzgado Federal quedando la causa en manos del juez Norberto Oyarbide, quien según el testimonio de Lorena, es “amigo” de Raúl Martins. En tanto dure la feria judicial, será Ariel Lijo el que le tome declaración a la hija de Martins ya que está subrogando el juzgado de Oyarbide tras el sorteo de la Cámara Federal que le asignó el caso.
El Pro, la Federal y el negocio de la prostitución
Además, en el expediente al que tuvo acceso el diario Tiempo Argentino, se menciona la complicidad de varias dependencias de la Policía Federal en la protección a los locales porteños que regentea Martins. Puntualmente, la denuncia establece que la 19ª, la 38ª y la 50ª eran las dependencias de la Federal que protegían a los locales –inscriptos bajo el nombre de testaferros– a cambio de pagos mensuales.
Sergio Maldonado, relevado de la 19ª por la ministra de Seguridad Nilda Garré, y que también se desempeñó en el área sustracción de automotores y en investigaciones preventivas de la PFA, fue uno de los policías acusados por Lorena Martins como vinculados a su padre. También mencionó al actual titular de esa comisaría, Gerardo Fabián Galli como quien continúa recibiendo los pagos y al ex comisario de la 38ª, Roberto Cabrini.
Además, se anexaron las denuncias realizadas a través del sistema informatizado de la Agencia Gubernamental de Control sobre el local de Anchorena 1119, hasta donde quedaban inconclusos, rebatiendo la única comunicación emanada por la administración PRO el miércoles. Allí afirmaban que los cinco locales denunciados se labraron actas menores pero que estaban en condiciones.
Fuente: Tiempo Argentino, La Alameda
