El Ministerio asistió a la denunciante e investiga más casos vinculados.
El Ministerio asistió a la denunciante e investiga más casos vinculados.

Lorena Martins, quien denunció a su padre –Raúl, ex agente de la Side– por liderar una red de trata de personas y por regentear prostíbulos en Buenos Aires y México, fue recibida este jueves por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y sostuvo que la funcionaria la respaldó en la acusación.

"Sentí el apoyo de la ministra", dijo Lorena a la prensa en la puerta del Ministerio en el barrio porteño de Recoleta, tras la reunión con la titular de la cartera de Seguridad. Martins llegó al edificio de la calle Gelly y Obes 2200 a las 14.30, y partió del mismo tras una hora y media, en la que, según dijo, Garré se interiorizó sobre la denuncia en la que también están involucrados funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Lorena Martins sostuvo que su padre sobornó a funcionarios de la administración macrista para que hagan la vista gorda con sus locales, en los que presuntamente se desarrolla la prostitución.

Raúl Martins negó todas las acusaciones, mientras que voceros del jefe de Gobierno Mauricio Macri, afirmaron que el líder del Pro no conoce al denunciado.

"Temo por mi vida. He recibido amenazas de muerte por parte de mi papá. Eso es de lo que hablé con la ministra", dijo Lorena en la puerta del ministerio.

Lorena Martins también pidió que el juez federal, Norberto Oyarbide, no sea parte de la causa, "porque es amigo" de su padre.

"Oyarbide estuvo en mi casamiento y en el de mi hermano. Es amigo de mi padre. No puede ser que a él le caiga la causa", sostuvo la denunciante ante la prensa.

En tanto la cartera de Seguridad viene realizando investigaciones sobre una causa previa que intentó establecer si 90 efectivos policiales ofrecían protección a prostíbulos a través de la falsificación de actas de control. Allí aparecían involucrados seis comisarios y 15 subcomisarios que habían aportado testigos falsos para evitar que prosperen pesquisas por trata de personas.

El ministerio puso en manos de Asuntos Internos los expedientes de los 21 oficiales, además de pasar a disponibilidad a los que aparecían más comprometidos. Así, Roberto Cabrini y Sergio Maldonado fueron alcanzados por la medida. Ambos también están mencionados en la denuncia contra Martins.

El 11 de enero se abrió un sumario administrativo con el número 465-21-0000002-12 donde se comenzó a investigar a Fabián Gallí, actual titular de la Comisaría 38ª, junto con los anteriores comisarios a cargo de las seccionales mencionadas en el escrito.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) también pidió que se dispongan medidas “urgentes” sobre los sospechosos. Por ese motivo solicitó embargos, decomisos, la inhibición general de bienes a los involucrados, el congelamiento de cuentas y la clausura de los prostíbulos denunciados.

Fuente: Télam, Tiempo Argentino

 

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